En lo que queda del gobierno del presidente López Obrador el mayor reto no está en la economía, tampoco en la inseguridad, ni siquiera en el tema de salud pública o combate a la pobreza. El mayor desafío es evitar que la corrupción dentro del gobierno se desborde y exhiba el tamaño del fracaso de la pretendida transformación.

Ante el deterioro en todos los ámbitos, la última trinchera de la credibilidad de la 4T es que la corrupción sea anulada. Que la misión moralista y redentora del Presidente llegue a buen puerto a pesar de que en todos los demás temas haya retroceso. No es una cuestión menor: si solo se lograra eso sería un paso histórico para el país, una reivindicación que justificaría históricamente su arribo al poder y lo singular de su estilo de gobernar.

La remoción de Irma Eréndira Sandoval y su reemplazo por Roberto Salcedo es un paso relevante y alentador de que el Presidente finalmente entendió que gobernar es complejo y que requiere de funcionarios competentes y no de arribistas. Igual, la designación de Rogelio Ramírez de la O es una designación acertada.

La mayor dificultad para acabar o abatir la corrupción es el voluntarismo y la negación de que persiste. La manera de avanzar no es con la prédica, ni siquiera con una discutible austeridad. Se trata de acabar con la causa del problema, la impunidad. No es un asunto de moral, sino de legalidad y para ello se requiere aplicar la ley sin excepción. La Función Pública tiene una tarea preventiva y también de auditoría y control. El abuso de las asignaciones directas es carta abierta a la corrupción, al tráfico de influencia y dispendio.

El Presidente debe despojarse del prejuicio de que la ley y el sistema de justicia están al servicio de los poderosos. La corrupción continúa y sin medidas ejemplares, especialmente para los de su propio gobierno, seguirá creciendo y carcomiendo el cuerpo nacional. El Presidente no necesita de chismes ni de un trabajo sesgado, parcial e interesado como el de la UIF; lo que se requiere es que su Secretario de la Función Pública cumpla con rigor su tarea y que inhiba la venalidad que compromete lo fundamental del compromiso del Presidente con la sociedad en su pretendida transformación histórica. 

Para efectos de trascendencia es irrelevante si el Presidente cuenta con mucha o desbordada popularidad, muchos dictadores han gozado de tal privilegio, lo importante son los resultados que signifiquen un cambio real y efectivo en la sociedad. El tema de la legalidad es fundamental y no solo se refiere a leyes y tribunales, sino a la certeza de derechos de las personas y a la capacidad para sancionar a quienes violenten la norma. La última trinchera del lopezobradorismo queda comprometida no solo por el pasado, sino también por el presente. Por esos clasemedieros en el gobierno de AMLO, aspiracionistas que suscriben el código del que no tranza no avanza. ¿Podrá el Presidente contenerlos de cara a la impunidad que ha caracterizado la primera mitad de su gestión con Eréndira Sandoval en la Función Pública? _

Federico Berrueto

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