Absurda y contraproducente la idea del presidente López Obrador de hacer del desfile militar del 16 de septiembre oportunidad para un deslinde nacionalista ante la exigencia de los socios comerciales de México, para que las autoridades se apeguen a los compromisos suscritos en el T-MEC. Sin duda ofrece tranquilidad que el presidente haya desistido de tal empeño. Las pláticas prosiguen y si el gobierno mexicano no encuentra pronto una salida satisfactoria, el país y muchas empresas exportadoras serán sancionadas por el incumplimiento de las autoridades y la decisión de la mayoría en el Congreso de aprobar una ley claramente incompatible con el acuerdo comercial y, en opinión de la mayoría de los ministros de la Corte, contraria a la Constitución.
López Obrador invitó al gobierno norteamericano a que se explore la iniciativa para hacer de América del Norte una región económica y política a semejanza de la Unión Europea. El planteamiento contradice el actuar de las autoridades mexicanas, además de que hacer esto realidad requiere que los países miembros cedan en su soberanía, como sucede en Europa, y que llevó a los ingleses a abandonar la Unión, con todas sus implicaciones. La inseguridad fronteriza de México y el tema migratorio imposibilitan un acuerdo a semejanza de la Unión Europea, no se diga de la resistencia histórica del Congreso y del gobierno norteamericano de someterse a instancias legales o judiciales extra nacionales.
Este gobierno ha demostrado que México no es un socio confiable. No sólo es el tema de la violación al acuerdo comercial, también es el desentendimiento de un criterio universal de legalidad y de protección a los derechos humanos. Militares como policías, administradores o constructores nada tiene que ver con un país apegado a las mejores prácticas en materia de civilidad, eficiencia, seguridad o justicia. Más aún, el estatismo del actual gobierno, de su partido y apoyado por muchos mexicanos lleva a condiciones de desapego a las reglas de la libre competencia y de respeto a la empresa privada. En el tema ambiental también México va a contrapelo del mundo y de sus socios comerciales, y sin interés en avanzar de manera decidida en la generación de energías limpias si no es producida por la CFE. En casi todo, las diferencias son irreconciliables e incompatibles.
La propuesta debajo del brazo de las autoridades norteamericanas de hacer de México un socio en la revolución tecnológica energética y de la inversión consecuente es una oferta nada desdeñable. Para potenciar su beneficio el presidente deberá despojarse de sus fijaciones estatistas y de su prejuicio contra la empresa privada, y quedarle claro que el eje del cambio, más en materia de energía, es la inversión privada. A los gobiernos corresponde definir reglas, pero no ser juez y parte, como sucede aquí con la pretensión gubernamental de que Pemex y CFE sean monopolios públicos.
Se pregunta sobre qué llevó al presidente a abandonar las baladronadas nacionalistas y el tono amenazante. Muchas son las especulaciones. Es muy posible que la razón tenga que ver con la economía y el escenario adverso para 2023, la antesala del proceso sucesorio. Por razones estrictamente electorales el país debe crecer y para ello es imprescindible propiciar la inversión extranjera directa y no sólo la especulativa. Lograr el cumplimiento de los supuestos gubernamentales el próximo año no es nada sencillo y es fundamental para incrementar los ingresos públicos y así fondear la deuda pública, las obras emblemáticas en curso, los programas sociales y, eventualmente, los subsidios a los combustibles para amortiguar los efectos inflacionarios.
Esta opinión sobre la prudencia presidencial significa una concesión de sensatez no vista antes. Sin embargo, posiblemente quienes le hablan de economía lo persuadieron sobre el riesgo del desencuentro con los socios comerciales en un entorno económico y político sumamente complicado. Una evaluación honesta de la prospectiva inmediata revelaría que hay mucho que perder o ganar a partir de las decisiones del gobierno.
Lamentablemente para el país, la moderación del presidente no desactiva uno de los temas de tensión en la relación bilateral que son la política energética del gobierno y la ley de energía eléctrica a contrapelo del acuerdo comercial. El gobierno y el Congreso mexicanos, por ideología e ignorancia, incurrieron en faltas importantes sancionadas en las reglas suscritas, acordadas y aprobadas por ellos mismos. Parece que lo peor apenas empieza.
