De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, prácticamente dos de cada tres personas que trabajan en México obtienen ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, o menos. Asimismo, la mayoría carece de prestaciones médicas asociadas a su trabajo; mientras que el número y porcentaje de quienes laboran más de 48 horas a la semana se incrementó sensiblemente durante a pandemia.

El 2021 comenzó, en lo que respecta a las perspectivas de crecimiento, con pronósticos a la baja, lo cual lleva a las expertas y expertos en la materia a estimar que en este sexenio el crecimiento del PIB será de cero, y en el mejor de los casos, inferior a un punto porcentual.

En el IV trimestre del 2021 llegamos, según la información del INEGI, al número más alto de personas ocupadas en el sector informal: se trata de más de 16 millones, que equivalen al 28.8% de la población ocupada; la cifra más alta para un trimestre desde hace varios años.

A este escenario, se añade la realidad de que un mayor número de personas en los hogares han tenido que incorporarse a condiciones del empleo, tanto remuneradas como no remuneradas, lo cual refleja la angustia de las familias por tratar de mantener ingresos a través de estrategias de supervivencia que implican desde no tener para comer, hasta la imposibilidad de comprar medicinas o pagar el transporte para ir a la escuela.

La peor parte de esto la están llevando una vez más las mujeres, pues mientras que para los hombres la tasa de informalidad laboral es de 28%, para las mujeres es de 30%. Así, en el país, en números absolutos, hemos llegado a la suma de 9.6 millones de hombres trabajando en la informalidad, así como 6.69 millones de mujeres en la misma condición.

Debe considerarse además que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para construir un nuevo curso de desarrollo para México. Porque puede haber crecimiento económico, pero mayor desigualdad, y también puede haber más crecimiento económico, pero los mismos niveles de desempleo o de condiciones críticas del empleo como las que se señala aquí.

Desde esta perspectiva, lo más relevante es garantizar que México puede detonar un proceso de crecimiento con equidad. Es decir, una nueva estrategia que reconozca que lo que tenemos ya no es siquiera una base mínima para transformar estructuralmente los ciclos del bajo crecimiento y la profundización de la pobreza y las brechas sociales.

Por ello, la discusión que habrá de iniciar el próximo mes de mayo, con la elaboración de los pre-criterios de política económica para 2023, debe ser capaz de romper con la inercia presupuestal; y tiene que asumirse con responsabilidad una mayor inversión productiva del Estado, que está en sus niveles históricos más bajos; al mismo tiempo, impulsar un diálogo político responsable, con todas las partes que tienen responsabilidad en la materia, a fin de redefinir nuestras prioridades de inversión; y en ese sentido, las estrategias y programas que de mejor manera pueden llevarnos a una nueva realidad laboral y social.

Tenemos compromisos muy serios rumbo al 2030 en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; y uno de ellos es el del empleo digno, que incluiría, por poner enfrente uno de los temas más urgentes, la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en sus peores formas de explotación. Pero nada de eso se ha discutido en el Congreso con la urgencia y profundidad requerida; y tampoco se ha avanzado en el diseño de un Presupuesto que esté auténticamente definido desde las perspectivas de género y de los derechos de la niñez.

México debe ser capaz de plantearse metas mucho más ambiciosas en materia de empleo digno. Y no podemos conformarnos con una lógica de crecimiento nulo o mediocre que, además, nos condena a reproducir las condiciones de desigualdad y pobreza que mantienen a millones, en el límite de la supervivencia.