Javier Treviño

@javier_trevino

Elon Musk, SpaceX y Tesla dejan California para establecerse en Texas. Hewlett Packard Enterprise abandonó California para ubicarse en Texas. Oracle anunció que su nueva casa es Texas. McKesson, Core-Mark Holding, Charles Schwabb, Toyota, Dropbox, todas ellas mudaron sus oficinas centrales de Calirfornia a Texas, junto con miles y miles de empleados y colaboradores. Y no sólo las empresas se fueron a Texas, también celebridades como James Van Der Beek y Joe Rogan.

¿Y por qué se van a Texas? Porque, en su arrogancia, el gobierno de California no los escuchó. Texas les ofrece energía a costos competitivos, impuestos mucho más bajos, reglas claras, certeza jurídica, mayores incentivos y más bajo costo de vida. Es una buena lección a la que debemos poner atención.

Ante la incertidumbre generada por iniciativas que inhiben la inversión, como la eliminación pretendida de la subcontratación, o ante la falta de claridad, conforme al derecho, en la implementación de la política energética, el gobierno de la 4T debería tomar nota de que las inversiones y las empresas globales se mudan. Toman decisiones muy rápidas ante la adversidad gubernamental.

¿Cuál es el interés nacional de México en un mundo globalizado, donde nuestro país aspira a ser reconocido como un actor relevante con capacidad de decisión propia y de asumir mayores responsabilidades geopolíticas? Siempre hemos escuchado que el objetivo del gobierno de la 4T será defender y promover el interés nacional, mediante una política que consolide el papel constructivo de México en el mundo.

Pero, ¿cuál es la forma de hacerlo? Veamos tan solo un sector: la energía. La respuesta sencilla sería que esa promoción del interés nacional es la capacidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos energéticos con que cuenta el país para beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanos. Punto.

No debemos perder de vista tres objetivos estratégicos:

El primero sería asumir que nuestro interés nacional no debe consistir tan sólo en asegurar la plena propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y demás recursos energéticos con que contemos —conforme a lo establecido en el Artículo 27 constitucional—, sino también en lograr que los aprovechemos al máximo.

De nada sirve al interés nacional contar con enormes reservas potenciales de petróleo y gas, si no podemos realizar actividades de exploración para ubicarlas con precisión, transferir el riesgo a los inversionistas privados, explotarlas en forma eficaz (es decir, a un costo internacionalmente competitivo y evitando en la mayor medida posible impactos ambientales nocivos), y canalizar con transparencia los recursos financieros generados tanto a fortalecer la capacidad de Pemex para operar como una compañía rentable, como a invertir en el desarrollo de la sociedad mexicana.

El segundo objetivo estratégico sería plantearnos cómo podemos contribuir a reforzar y mantener nuestra seguridad energética. El acceso a fuentes de energía es un pre-requisito indispensable para toda la actividad productiva y el bienestar de la sociedad mexicana. Sin un abasto oportuno, no sólo se afecta la competitividad internacional de nuestro país frente a otras economías —ya sean socios comerciales, como en el caso de los Estados Unidos, o competidores manufactureros como en el de China—, sino que también se pone en riesgo nuestra seguridad nacional.

Nuestro reto en relación con este segundo objetivo estratégico es doble. Por una parte, no sólo ha caído la producción de petróleo y nos hemos rezagado en la explotación de gas natural y en formaciones rocosas de lutitas (gas shale), sino que incluso podríamos llegar a convertirnos en un país deficitario en materia energética muy pronto. De hecho, nuestra seguridad energética ya está en riesgo, debido a nuestra creciente dependencia del exterior para abastecernos de productos petrolíferos —en especial, gasolinas y diesel—, así como de gas para consumo industrial y doméstico. La creciente capacidad exportadora de los Estados Unidos sin duda puede representar para nosotros una ventaja competitiva frente a otros países. Sin embargo, nada garantiza que los bajos precios actuales del gas estadounidense se trasladen en automático a México, ni que el intercambio energético pueda estar exento de las constantes fricciones comerciales entre ambos países, lo que en un caso extremo podría amenazar el suministro de productos críticos para el sector productivo y el transporte de nuestro país.

Por la otra parte, todo el panorama energético mundial está en un proceso de profundo reacomodo después de la pandemia. El énfasis está puesto en las energías limpias, y México, en su arrogancia, se está quedando atrás. Del lado de la oferta, la revolución tecnológica ha re-dinamizado la industria energética de los Estados Unidos y otros países con capacidad de explotar yacimientos petrolíferos no-convencionales, incluyendo a Canadá. Y, del lado de la demanda, hay una reorientación del consumo hacia China y las demás economías emergentes de Asia, que demandan un mayor abastecimiento para sostener sus tasas de crecimiento y su propia seguridad energética.

De esta forma, no sólo nos hemos vuelto cada vez más vulnerables a la volatilidad de los precios energéticos internacionales por nuestras limitaciones en materia de refinación de combustibles o de extracción de gas, sino que, además, nuestro mercado “natural” de exportaciones petroleras, centrado en los Estados Unidos, está en vías de desaparecer a mediano plazo.

Por último, el tercer objetivo estratégico tendría que enfocarse en la necesidad de contar con una industria y un mercado energético que contribuyan a elevar nuestra competitividad económica y, sobre todo, a darle bases más firmes al desarrollo social del país. Para ello se requieren reglas claras, certeza jurídica.

Es un hecho que México ha ido ganando terreno en materia de competitividad, como lo muestran, por ejemplo, las cuantiosas inversiones en el sector automotriz y el acelerado desarrollo de la industria aeroespacial. Pero también es cierto que aún enfrentamos muchos retos para escalar posiciones en índices que, como el del Foro Económico Mundial, son determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Y, entre los desafíos más relevantes, por supuesto se encuentra ofrecer un suministro energético confiable y a precios accesibles a la industria del país. Un ambiente regulatorio antagónico a las empresas las obliga a mudarse a otros países, con la consecuente pérdida de empleos.

Lo más importante de todo, no obstante, es generar mayores recursos presupuestales para invertir en el bienestar de la sociedad mexicana. A pesar de avances innegables, lamentablemente en México todavía cerca de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza.

Si no somos capaces de aprovechar la oportunidad histórica de implementar una política energética verdaderamente transformadora, que reduzca la carga impositiva de Pemex, a la vez que genere recursos presupuestales mucho mayores mediante la inversión y la participación empresarial privada en este sector —resguardando ante todo el control del Estado mexicano sobre la propiedad de los hidrocarburos y demás recursos energéticos—, el “bono demográfico” con el que aún contamos, pronto se convertirá en una auténtica bomba de tiempo que podría poner en riesgo el destino de nuestra nación.