Las grandes empresas absorbieron 39 por ciento del gasto que gobiernos de países en desarrollo desplegaron para atender la emergencia por el covid-19; por encima de los recursos que recibieron la protección social, las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores informales, exhibe un informe elaborado por la Coalición para la Transparencia Financiera (FTC por su sigla en inglés).

Los beneficios para grandes corporativos en 21 países de ingresos medios y bajos analizados se componen de préstamos y recortes de impuestos, que se impusieron sobre el 37 por ciento que se destinó a políticas de protección social, 20 por ciento de apoyos a pequeñas y medianas empresas y 4 por ciento a trabajadores que ocupan en la información.

A pesar de la crisis del costo de vida, los gobiernos de los países en desarrollo, a menudo con las manos atadas por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), priorizan a las grandes empresas por delante de las personas, condenó Matti Kohonen, director de la FTC.

Hasta ahora, se espera que entre 75 y 95 millones de personas en el mundo se vean empujadas a la pobreza extrema este año, debido a la pandemia y la crisis del costo de la vida en parte por la guerra de Ucrania, a medida que la desigualdad sigue aumentando, de acuerdo con información recuperada de la Organización de Naciones Unidas.

En ese escenario, se estima que más de 85 por ciento de la población mundial vivirá bajo estrictas medidas de austeridad durante 2023, detalla el informe. Hay un deterioro generalizado de la situación económica, el cual llevó a que desde 2021, aunque las necesidades aumentaron tras el primer año de la pandemia, se gastó un tercio menos de dinero en comparación con 2020, hasta 2.4 por ciento del producto interno bruto en promedio.

Las medidas de austeridad incluyen la reducción de los programas de protección social para mujeres, niños, ancianos y otras personas vulnerables, dejando solo una pequeña red de seguridad para una fracción de los pobres; recortar o limitar los salarios y el número de maestros, funcionarios públicos locales y de salud y eliminar los subsidios; privatizar o comercializar servicios públicos como energía, agua y transporte público; y reducir las pensiones y los derechos de los trabajadores.