"Gritaron en mi cara: 'Lo mataste'".
Cuando el padre de Mónica Paulus colapsó y falleció de un infarto al corazón, su hermano la acusó de asesinarlo usando brujería. La amenazaron con tortura y muerte.
"Fue impactante para mí. Todos los amigos que tenía, toda la familia, todos se alejaron de mí y me hicieron sentir como una mala persona", cuenta. "Cuando me acusaron, podía sentir la vergüenza, el estigma".
La obligaron a abandonar su ciudad y vivir en el exilio en una provincia distinta de Papúa Nueva Guinea, una nación isleña en el suroeste del Pacífico.
Pero la historia de Mónica no es única; y pudo haber sido mucho peor.
La violencia relacionada a acusaciones de brujería (SARV por sus siglas en inglés) es común en Papúa Nueva Guinea. A pesar de que no hay datos confiables disponibles para entender con qué frecuencia ocurre, las cifras del gobierno revelan aproximadamente 6.000 incidentes en los últimos 20 años.
Y aún así, estimaciones apuntan a que la cifra es más alta, con miles de víctimas -normalmente mujeres y niñas- a las que se les acusa cada año. Muchas veces son víctimas de violencia brutal y sexualizada.
Las acusaciones a menudo vienen después de muertes o enfermedades sin explicación.
"Estamos hablando de niveles extremos de violencia, de los peores que he visto", dice Stephanie McLennan, administradora senior de iniciativas asiáticas en Human Rights Watch (HRW), quien ha trabajado extensivamente la problemática SARV.
"Hay muchos ataques crueles a manos de multitudes, en los que a las víctimas se les retiene en contra de su voluntad, se les tortura, se les quema con varillas de hierro, se les quita la ropa y, muchas veces, se les asesina. Es barbarismo, realmente".
El caso de Mary Kopari llegó a los titulares internacionales este año cuando la mataron después de la muerte de un niño de 2 años.
