Por Mario Luis Fuentes
Reestablecer la vida económica y social de una ciudad o de una región severamente afectada por un fenómeno natural como el de Otis es una de las acciones de mayor complejidad a que se puede enfrentar un gobierno. Se requiere de mucha inteligencia y liderazgos combinados, para poner en marcha a todo el aparato institucional disponible y también para organizar e identificar liderazgos sociales que coadyuven con las autoridades para avanzar lo más rápido posible.
Frente a la magnitud del desastre generado por este devastador huracán, el gobierno de la República ha anunciado que se llevará a cabo un programa de reconstrucción. Es una frase que se dice rápido, pero que implica un reto logístico, administrativo y presupuestal para el cual pareciera que los tres niveles de gobierno están desbordados.
En la medida en que comienzan a circular más imágenes de lo que ocurrió en Acapulco, los recursos que se anuncia que aplicará el gobierno se antojan a todas luces insuficientes, con el añadido de que estamos a escasas semanas de que concluya el gobierno federal, por lo que, ante el cierre del gobierno, se antoja más que complicado que pueda haber un proceso ordenado y con la intensidad y fuerza suficiente para iniciar un proceso de reconstrucción de mediano y largo plazo que dote a Acapulco y a los municipios aledaños las capacidades para garantizar a la población guerrerense una vida digna.
Por si lo anterior no fuese ya demasiado, debe considerarse que el estado de Guerrero se encuentra constantemente amenazado desde hace años por grupos del crimen organizado. La caída en la capacidad de producción de granos y productos agrícolas en el sector rural; y la presencia de amplias franjas territoriales dedicadas al cultivo de drogas, hace que la intervención pública en las zonas de la Costa Chica y de la Montaña se hagan sumamente complicadas.
Guerrero es una entidad con muy altas proporciones de personas en pobreza y en marginación. Con lo que lo esperable para las próximas semanas, es que se nos revele un panorama en que, quienes habían logrado relativamente salir de la pobreza, ahora se encuentren en esa misma condición, lo cual va a generar presiones sociales muy fuertes en el momento en que se decida a quién se apoyará: ¿la reconstrucción estará dirigida a apoyar a quienes perdieron lo que tenían, o se planteará un nuevo curso de desarrollo que incluya a todas y todos?
Por ello, el desastre debe llevar construir un nuevo modelo de ciudad habitable, y no ceder a la prisa de volver a construir desde un esquema de desorden urbano, y en el que se pasa por alto la precariedad, pero también el riesgo de autorizar y promover la construcción de viviendas donde se pone en peligro la seguridad y la vida de la gente.
Mientras más horas pasan luego del impacto del huracán, se hace también cada vez más evidente que fallaron la mayoría de los protocolos de prevención y alerta temprana. Lo cual debe llevarnos como país a replantearnos lo que se está haciendo en materia de protección civil y atención de emergencias; pero también como estrategias y acciones de recuperación y reconstrucción.
Ante el desastre surgen más dudas: ¿quiénes se están haciendo cargo del cuidado de niñas y niños, de las personas con discapacidad, las personas mayores, y víctimas de la violencia familiar? ¿Quiénes están instalando y atendiendo albergues? ¿Cómo se llevará a cabo la recuperación no sólo de electrodomésticos, sino de documentos de identidad personal y relativos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles que se perdieron durante la devastación?
El presidente de la República ha anunciado una estrategia de perifoneo en la que llama a la población a recibir sólo lo que proviene del Ejército; pero lo que debería entenderse en este momento es que lo urgente es que intervengan, con orden y de forma coordinada, la mayor cantidad posible de profesionales, que tengan idea y capacidades de qué hacer ante una emergencia; porque en este momento lo que hacen falta son brazos con las competencias necesarias para estar al lado de quienes han perdido todo.
En un acto de arrogancia gubernamental sin precedentes, el gobierno de la República no ha hecho un llamado a la solidaridad nacional y de la comunidad internacional, misma que se ha invocado incluso en países desarrollados como los Estados Unidos de América ante desastres como los sufridos en New Orleans, cuando fue golpeado por el Huracán Katrina; o en Japón, cuando ocurrió la tragedia de Fukushima.
La rapidez y la pertinencia de las acciones que en este momento se requieren son cruciales, sobre todo en lo relativo al tiempo. Son horas de una importancia mayor, que no pueden desaprovecharse en mezquindades políticas, y menos aún por actitudes de soberbia; porque si algo quedó ya evidenciado es que la mera presencia del presidente en la zona del desastre no es suficiente para organizar la atención a más de 500 mil personas damnificadas, sólo en la ciudad de Acapulco.
Dado que aún es una época de calor en esa zona, vienen riesgos enormes de brotes de infecciones que pueden profundizar la tragedia, pues la infraestructura de salud también quedó severamente dañada: el dengue, el paludismo y hasta el cólera, podrían aparecer dado el estado en que se encontraba la infraestructura social y sanitaria, previo al impacto de #Otis. A lo anterior debe sumarse que el daño en la infraestructura de salud también impedirá la atención de todas las otras enfermedades: diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal, que exigen de equipos e instalaciones apropiadas.
Debe insistirse: lo palpable en las primeras horas y días posteriores al desastre es el caos: rapiña, desorientación, abandono de las autoridades, ausencia de liderazgos visibles para coordinar, organizar y comenzar a movilizar; ausencia de recursos para atender las necesidades más básicas e inmediatas; vías de comunicación funcionales a medias; y una falta de claridad mayúscula sobre cómo garantizar la presencia del gobierno más allá de las siempre dispuestas fuerzas armadas que se movilizan a través del Plan DN-III y el correspondiente de la Marina, Armada de México.
No es exagerado decir que, si en otras emergencias ocurridas en esta administración, las instituciones se vieron desbordadas, ante lo que está ocurriendo y lo que viene en los próximos días en Guerrero, estamos, dicho de manera coloquial, “ante otra cosa”.
En efecto, lo que puede venir en los próximos días es que el descontento, la tristeza, la desolación, el enojo ante la inacción efectiva de la autoridad, es un escenario de conflictividad que puede llevar a un colapso mayor de esa zona del país; vendrán desplazamientos poblacionales muy importantes.
La agenda del gobierno, a partir de ahora, se ha modificado radicalmente; y esto, en un escenario de conflicto permanente, de polarización, y de disputa de miles de cargos, coloca al país en una ruta cada vez más incierta.
Investigador del PUED-UNAM
