Por Cindy Iveth Pulido Sánchez
Hay puertas que se cierran desde Washington, así como hay otras que se cierran en México.
La diferencia principal, radica en que unas son visibles porque llevan el sello de una visa cancelada y el peso de un apellido. Las otras son mucho más difíciles de identificar porque están en las fiscalías, en los ministerios públicos, en los juzgados y en los penales.
Después de la polémica por la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, la discusión pública, me gustaría enfocar la mirada de esta semana en otra pregunta:
¿Quién decide qué puertas de la justicia mexicana se abren y cuáles permanecen cerradas?
Y ojo, además de que es una inquietud periodística, surge de mi formación profesional… Porque México tiene un problema que va mucho más allá de la cantidad de delincuentes que son detenidos: tiene un problema de capacidad institucional para investigar, judicializar y concluir los casos.
La puerta de las fiscalías
En teoría, las fiscalías deben investigar con autonomía, en la práctica, la discusión sobre su independencia respecto de los poderes ejecutivos —federal y estatales— sigue siendo un asunto pendiente.
Luego entonces, la pregunta obligada es ¿Mantienen realmente las fiscalías su independencia frente al poder político?
No se trata de afirmar que todos los fiscales actúan por instrucciones de un gobernador o de la Presidencia, sino de preguntarnos qué tan posible es garantizar una procuración de justicia completamente independiente cuando las estructuras institucionales, presupuestales y políticas continúan vinculadas al poder público.
El propio gobierno federal reconoce la necesidad de fortalecer las fiscalías estatales, dotarlas de áreas de análisis de contexto, atención a víctimas y servicios forenses.
La FGR, por su parte, ha planteado para 2026-2029 que la investigación contra el crimen organizado no puede continuar resolviéndose exclusivamente expediente por expediente, sino que debe buscar la desarticulación de organizaciones completas.
El caso Aguascalientes
Por otro lado, hay estados que obligan a mirar con especial atención la relación entre política, seguridad y procuración de justicia.
Aguascalientes es uno de ellos… Su fiscalía ha recibido reconocimiento por resultados en materia de investigación, mientras el estado ocupa una posición geográfica particularmente sensible dentro del centro-occidente del país.
Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas forman un corredor estratégico de movilidad, comercio y comunicación. Por su parte, po ejemplo, Jalisco es gobernado por Movimiento Ciudadano; Aguascalientes, por el PAN; Zacatecas, por Morena. Es decir, son tres colores partidistas distintos y atravesados por un mismo problema de seguridad.
Lo cual nos lleva a lo siguiente ¿Hasta dónde llega la autonomía de las instituciones de procuración de justicia cuando las redes criminales no respetan fronteras partidistas?
El crimen organizado no distingue entre Morena, PAN o Movimiento Ciudadano, en cambio se mueve donde encuentra condiciones geográficas, políticas y sociales y es justo por eso que la investigación tampoco debería detenerse en las fronteras políticas de los estados.
Golpes concretos contra estructuras enormes
La estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch ha conseguido golpes concretos y visibles contra organizaciones criminales, algo que ha generado una percepción favorable incluso fuera de México.
Pero detener integrantes de una organización no significa necesariamente desarticularla. La FGR reportó 471 carpetas de investigación por delincuencia organizada abiertas durante 2025; siete entidades concentraron más de la mitad de esos expedientes. El propio Plan Estratégico de Procuración de Justicia reconoce que la estrategia debe pasar de la resolución aislada de casos a la desarticulación de organizaciones completas.
La otra consecuencia: las cárceles
Ahora bien, cuando una fiscalía acumula expedientes, cuando los procesos se prolongan y cuando las investigaciones no avanzan al mismo ritmo que las detenciones, el problema termina llegando a las cárceles.
La prisión preventiva se convierte en una especie de sala de espera injustificada que es incluso internacionalmente señalada por violar los derechos humanos, razón que además provoca que los penales se saturan y en consecuencia, la reinserción queda relegada.
La sobrepoblación penitenciaria no es únicamente un problema de espacio físico. Es un problema criminológico porque una cárcel saturada puede terminar funcionando exactamente al contrario de lo que debería y en lugar de fomentar la prevención, puede convertirse en un espacio de discriminación y violencia.
El propio gobierno ha reconocido la necesidad de enfrentar las condiciones penitenciarias y, entre las alternativas que se han planteado, aparecen tanto la construcción o ampliación de infraestructura como mecanismos de preliberación para determinados casos.
Sin embargo me parece importante resaltar que una persona que sale sin oportunidades, sin tratamiento, sin redes de apoyo y después de haber pasado años dentro de un ambiente criminógeno no necesariamente regresa a una vida distinta.
Puede regresar con el estigma, el etiquetamiento y una perspectiva que le hace asumirse para siempre como criminal y es justo por eso que la prisión no puede ser simplemente una bodega de personas.
El caso Andy vuelve a aparecer
Por eso resulta particularmente interesante que, en medio de la polémica por la visa de Andy López Beltrán, hayan surgido nuevamente señalamientos dentro de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Un testigo de esa investigación habría mencionado al hijo del expresidente dentro de las maniobras relacionadas con el ingreso de combustible.
Pero si nos remitimos a la presunción de inocencia, que una persona sea mencionada por un testigo no significa que sea culpable y tampoco equivale a una acusación formal ni sustituye una investigación ministerial.
Y en ese tenor, me gustaría preguntae algo que ya todos ssbemos.
¿Se investiga a todos con el mismo estándar?
El otro apellido
El caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel también demuestra que el huachicol fiscal atraviesa distintas generaciones y colores políticos. Ruffo enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible relacionado con Ingemar; la FGR sostiene que la empresa estuvo vinculada con una red que movilizó enormes cantidades de hidrocarburos. Ruffo ha negado conocer las irregularidades y su familia ha cuestionado el proceso.
Esto es importante porque permite sacar la discusión del terreno partidista… El problema es un sistema en el que las estructuras criminales pueden sobrevivir a los cambios de gobierno y adaptarse a los colores del poder. Angel Aguirre, heredero político de una de las familias más importantes de Guerrero y posteriormente gobernador por el PRD, quedó marcado por el caso Ayotzinapa. No importa aquí discutir solamente su pertenencia partidista, en cambio, importa observar cómo los poderes regionales, las estructuras políticas y las instituciones de seguridad pueden quedar atrapados en una misma red de responsabilidades, omisiones y lealtades.
México tiene demasiadas puertas
Mientras Estados Unidos puede utilizar la visa como una herramienta de política exterior, México enfrenta un problema mucho más profundo: la capacidad de sus propias instituciones para garantizar que la justicia no dependa de quién toca la puerta.
Porque si tenemos decenas de miles de integrantes de organizaciones criminales, cientos de miles de carpetas acumuladas y fiscalías obligadas a decidir dónde concentrar sus recursos, la pregunta ya no es solamente cuántos delincuentes estamos deteniendo, sino ¿Cuántos estamos dejando fuera del alcance de la justicia?
Ahí es donde la política criminal deja de ser solamente un asunto de seguridad y se convierte en un asunto de poder. La necropolítica nos permite entender qué ocurre cuando determinadas vidas quedan más expuestas que otras. El capitalismo gore nos ayuda a comprender cómo la violencia y las economías criminales se entrelazan con estructuras de poder y acumulación. Y la procuración de justicia nos obliga a mirar el mecanismo cotidiano mediante el cual esas desigualdades pueden reproducirse.
Porque una sociedad en la que las instituciones investigan selectivamente, las cárceles se saturan, las víctimas esperan y las organizaciones criminales encuentran nuevos espacios para operar no necesita una crisis para convertirse en una bomba de tiempo.
Ya es una bomba de tiempo.
Lo que todavía estamos discutiendo es quién tiene la llave.
