Hay una idea sobre la que tenemos la obligación de insistir una y otra vez: las condiciones de bienestar, y las posibilidades de desarrollo que tiene la niñez en una sociedad, son el fiel reflejo de sus prioridades y valores. Desde esta perspectiva, desde siempre, México es un país que éticamente ha estado en falta, porque no hemos sido capaces de construir un país apropiado para la infancia.

Las expectativas de cambio que llegaron con la presente administración, al afirmar que pondría primero a los más pobres en el centro de sus decisiones, hacían pensar que habría una profunda transformación a favor de las niñas y los niños pues, según los datos oficiales, son precisamente el grupo de población con mayores carencias y mayores niveles de pobreza.

Si en las pasadas administraciones la agenda de la niñez era marginal, de manera sorprendente, el gobierno actual pareciera haber emprendido una deliberada e incomprensiblemente agresiva campaña contra la niñez: no sólo no se avanzó en la construcción de un sistema amplio de protección, sino que se desmanteló lo poco que había. No se ha generado una mayor y mejor infraestructura para la educación básica, pero, al contrario, sí se han eliminado programas que brindaban servicios complementarios en el sentido correcto, como las escuelas de tiempo completo.

No sólo no se avanzó hacia un mejor sistema de salud, sino que se ha dejado sin medicamentos a niñas y niños con cáncer y continúa la inexplicable decisión de negarles la vacunación ante la COVID19; amén de la desprotección estructural y la caída en cobertura de servicios que son vitales, como la vacunación y la alimentación en la primera infancia.

Carecíamos de programas apropiados para avanzar hacia la erradicación del trabajo infantil, y en medio de la pandemia y frente a los retos de la recuperación que debiera darse, los apoyos sociales se han concentrado entre segmentos que enfrentan menos carencias y dilemas que los de las niñas y los niños, violando con ello, por cierto, el derecho de prioridad que tienen, de acuerdo con nuestro marco jurídico.

Las niñas y niños tienen el derecho a vivir protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso y tratos crueles o degradantes. Pero frente a ello, desde el 2019 y hasta lo que llevamos del 2022, mes con mes se han alcanzado nuevos récords en el número de carpetas de investigación y en las tasas de incidencia por delitos contra la familia y delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas.

El hambre, cuya noción es de suyo escandalosa y de vergüenza para cualquier sociedad de bienestar, no sólo es persistente, sino creciente. Así lo muestran los datos del Censo del 2020, en los que se registraron más hogares con niñas y niños que comen solo una vez al día o no comen todo el día, respecto de los que se estimaron en el 2018.

No hay pues, en toda la estadística nacional, un solo indicador relevante en el que haya mejoras sustantivas en los más de tres años que se tienen ya de esta administración; pero el deterioro sigue y no hay visos de que vaya a darse un giro en las políticas de protección de la niñez y, en un sentido mayor, de cumplir de forma universal, integral y progresiva con sus derechos, como lo establecen tanto el Artículo 1º y el Artículo 4º constitucionales.

No cabe ya, frente a estas dramáticas condiciones, la furia del discurso oficial acusando que se trata de críticas golpistas, enemigas o con intereses oscuros; porque lo que está en juego es la vida, la dignidad y las posibilidades de bienestar presentes y futuras de la niñez mexicana.

Para todas y todos, de cualquier partido o filiación política, no puede haber otro imperativo categórico más relevante: lograr que ninguna niña o niño se quede atrás en la garantía del más amplio bienestar posible. Todo lo demás es pura y despreciable demagogia.