La actual ley minera, orquestada por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, puso las condiciones para que se gestaran las fortunas de los que ahora son algunos de los hombres más ricos del país, a costa de despojos, expropiaciones, amenazas, accidentes trágicos, daño al medio ambiente y más, destacó Violeta Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista recordó que el artículo sexto de la Ley Minera de 1975 fue reformado en 1992 por el entonces mandatario Salinas de Gortari, para introducir el término de preferencia de la actividad minera sobre cualquier otra actividad, incluso sobre las ligadas a la vida y sobrevivencia de los pueblos y comunidades, como son sus siembras, cultivos y milpas, entre otras.

El gran objetivo de la reforma de hace tres décadas era abrir al mercado la actividad minera, atraer inversión privada (mediante el otorgamiento de concesiones) y “modernizar” la industria de la minería, a fin de hacerla “competitiva”.

Esa ley pretende ser modificada con una reforma que el pasado 28 de marzo presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas plantea la eliminación del carácter preferente de la actividad minera y la eliminación del derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación, al tiempo que busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras, reducir su vigencia de 100 a 30 años como máximo y condicionar la explotación a la disponibilidad hídrica de las diferentes localidades.

Ante dicha propuesta, la Cámara Minera de México ha dicho que la analizará a profundidad, pues “implica fuertes repercusiones al sector”; en tanto, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México señaló que puede generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de la misma, mientras Intercam advierte sobre desincentivos a la inversión privada.

Rodríguez explicó que la reforma del presidente López Obrador es profunda y estructural, pues busca revocar la aprobada hace 31 años, que fue parte de las leyes que cancelaron el reparto agrario y posibilitaba la compraventa del ejido mexicano. “La ley salinista modificó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, aprobada en 1975, en la que el Estado todavía estaba presente de manera importante y con preferencia en la actividad minera”.