Miles de mexicanas y mexicanos mueren todos los años víctimas de armas fabricadas en Estados Unidos. Por desgracia son compradas por cárteles delincuenciales mexicanos y utilizadas como herramientas de destrucción que han generado y obligado a poblaciones enteras a abandonar sus hogares o a vivir bajo una constante amenaza y terror, en el menor de los casos.

Resulta ser un fenómeno multifactorial la creciente ola delictiva y de violencia que padecemos y se debe, en gran medida, a la facilidad con la cual es posible conseguir un arma del otro lado de la frontera o en el mercado negro de nuestro país.

Y es que, si bien nuestra vecindad con la potencia económica más fuerte del mundo ha resultado benéfica en muchos sentidos, en otros tantos más nos ha perjudicado, pues es Estados Unidos de Norteamérica el país con la mayor industria armamentística del planeta.

Aprobada tan sólo cuatro años después de la Convención de Filadelfia, que diera origen a su Carta Magna, la Segunda Enmienda reconoce a los ciudadanos estadunidenses el derecho de adquirir y poseer armas. Es considerado un derecho tan importante como el resto de los aprobados por el Bill of Rights. Lo anterior explica la profunda idea cultural que nuestros vecinos del norte tienen en referencia a las armas y en consecuencia, al fomento de la industria armamentista.

Datos significativos demuestran que del total de las armas aseguradas por el Ejército mexicano en el periodo 2010 al 2020, el 70% fue fabricado en territorio estadunidense; cada año ingresan a nuestro país más de 200 mil armas de forma ilegal. De ellas, se dice que el 41% proviene de Texas, 19 % de California y 15% de Arizona.

Resulta indudable la vinculación que existe entre dos fenómenos: una negligente, insaciable e irresponsable industria armamentística estadunidense y, por otro lado, una creciente demanda de grupos delincuenciales en nuestro país.

Hace unos días tuvo lugar el seminario Litigio estratégico vs. productores y distribuidores de armas, convocado por la Facultad de Derecho de la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fue un esfuerzo académico que reunió a destacados miembros de la academia con altos funcionarios de la Cancillería, quienes decidieron sumar esfuerzos para reflexionar y analizar el litigio estratégico que el gobierno mexicano ha emprendido –como una herramienta jurídica sin precedentes– contra los fabricantes de armas, así como para analizar las implicaciones del tráfico ilícito de armas en la seguridad nacional y seguridad pública.

A decir del secretario de Relaciones Exteriores: “Las compañías estadunidenses han actuado de manera negligente y eso provoca costos enormes en México, especialmente en vidas humanas”.

El consejero jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, informó que la compensación económica que México demanda asciende a los 16 mil millones de dólares –que representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto– por los daños civiles ocasionados como resultado de las miles de muertes provocadas por las armas que ingresan en territorio mexicano, así como por los daños a vehículos del Ejército y a las pérdidas económicas por las alertas de viaje que emite el gobierno de EU.

La Facultad de Derecho ha decidido conjuntar esfuerzos con la Cancillería para fortalecer la estrategia jurídica presentada ante una corte federal de Massachusetts a lo largo de las subsecuentes etapas del proceso legal.

Como Corolario, la frase del pensador ateniense Tucídides: “La guerra consiste no solamente en las armas, sino también en el dinero, por medio del cual las armas pueden ser obtenidas”.