Dice Mario Vargas Llosa que nuestros tiempos son los del espectáculo; lo notorio mueve la atención y las emociones elementales, del espectador, no de la sociedad. Se hace espectáculo hasta de la tragedia. Tiene que ver con los medios y con la misma sociedad. Finalmente, se ofrece lo que se consume, no necesariamente lo que se necesita.
En días pasados mucho espacio se dedicó al contenido de la llamada privada ilegalmente grabada entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y su cercano colaborador, Juan Ramos. Del contenido se hicieron inferencias que el fiscal refutó y que el fallo del día de ayer del Pleno de la Suprema Corte pone en su justa dimensión. Lo que más preocupaba -la supuesta influencia indebida del fiscal sobre los ministros- queda desmentida por la resolución. Prevalece el criterio profesional, imparcial y de estricto rigor entre los integrantes del Pleno. Podrá satisfacer a todos o no la posición; lo que importa y vale es la confiabilidad del supremo órgano constitucional.
Seguramente la polémica continuará y en algún momento el voto razonado del Pleno habrá de definir la controversia donde se dirimen valores superiores de una y otra parte. Mucha atención se ha dedicado a lo notorio, muy poca a lo importante: el espionaje telefónico del que fue objeto el responsable de la institución más relevante en la procuración de justicia. El asunto no debe trivializarse.
Es difícil aceptar la versión presidencial de que el espionaje tuvo que ver con los conservadores enemigos del régimen quienes, a su entender, han invertido altas cantidades en la adquisición de equipo para tales ilegales propósitos. Los conservadores, si acaso existen, están plenos de miedo y más tratándose del fiscal Gertz. Si así fuera, el presidente tiene la obligación de denunciar los hechos y que se proceda al deslinde de responsabilidades. Es sumamente grave que existan servicios de inteligencia clandestinos porque lo mismo pueden utilizarse con objetivos políticos que delictivos, mucho más cuando están dirigidos a las autoridades responsables de la investigación de delitos.
Es inevitable la presunción de que la grabación ilegal de la llamada del fiscal y posiblemente de otras llamadas de él mismo y de diferentes funcionarios de la Fiscalía, provengan de una autoridad gubernamental. Se requiere una investigación a fondo y concluyente. La inteligencia privada está prohibida, y la pública, regulada. Bajo circunstancia alguna se justifica la grabación al fiscal. Por la actividad del funcionario es un delito sumamente serio que no debe dejarse pasar.
Gertz Manero ha señalado que la grabación ilegal y el uso mediático tiene como propósito debilitar a la autoridad en la persecución de los delitosen puerta. Muy probablemente ese sea el móvil. La polémica sobre el contenido de la grabación, lo notorio, no debe desviar la atención sobre lo importante, la actuación delictiva de quien grabó y la intención de difundir el contenido con el posible deseo de ganar impunidad.
Los casos que lleva la Fiscalía, conocidos o no tanto, abren una diversidad de hipótesis acerca de los responsables. Es posible que una instancia del Estado haya realizado espionaje político ilegal y seguramente sin autorización del presidente de la República, se haya prestado para que quien o quienes buscan impunidad tuvieran acceso a tal llamada interferida y, utilizando el espacio digital, generar un ambiente que afectara no sólo a la persona del titular de la Fiscalía, sino a la función de procuración de justicia.
Lo importante debe prevalecer sobre lo notorio. El espectáculo con frecuencia es superficial y las más de las veces irrelevante. Se trata de realizar la investigación para determinar el origen de una acción delictiva. La comisión de tal delito y su intención de demeritar la procuración de justicia merece su atención inmediata al más alto nivel de responsabilidad.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
