Incomprensible que los diputados del PRI, PAN y PRD no hayan votado en contra de la designación de los tres integrantes para el comité técnico que habrá de seleccionar a cuatro consejeros electorales, entre éstos el nuevo presidente del INE. Los seleccionados son todo, menos imparciales. La parcialidad engendra parcialidad, mucho más ahora con la determinación del presidente López Obrador de colonizar al INE. Entiende que es muy probable que la Corte anule el plan B, por lo mismo, su última carta es someter al INE vía su nuevo presidente y tres consejeros.
Cinco integrantes orgullosamente afines al presidente y al régimen; dos que cumplen sobradamente con los criterios que dan confianza y certeza al procedimiento, designados por el INAI, Maité Azuela y Sergio López Ayllón. La Cámara no tuvo siquiera para designar a sus tres representantes en proporción a su integración, la primera minoría se quedó con todo. Aun así, la oposición avaló con su neutralidad el resultado. Dos son las posibles causas: traición del coordinador del PRI, el que votaría de manera diferenciada y se votó así para tener una postura unificada o un caso de extrema ingenuidad de la oposición en la Cámara. Cualquiera que sea la razón es una traición a la exigencia pública que demanda una defensa decidida del órgano electoral.
El presidente López Obrador no se anda por las ramas. El mismo viernes ha instruido que las designaciones en las quintetas estén conformadas por lo opuesto de quienes se van. El mensaje es inequívoco. Que vengan lo opuesto de Lorenzo Córdova, de Ciro Murayama, Margarita Favela y José Ruiz y por qué no, que las designaciones cumplan con el perfil de “imparcialidad” que representa la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra. La oposición debiera entender el código del presidente y que deben convalidar sus seguidores.
La derrota está cantada: las quintetas serán un catálogo de lo mismo, incondicionales al régimen, lo opuesto de los los cuatro consejeros que se van, con el sentido de “imparcialidad” que caracteriza a los nombramientos que hiciera la CNDH y Morena en la Cámara de Diputados. Es recomendable que desde ahora lo mejor de la academia, de la judicatura en retiro y de la sociedad civil participe en el proceso de selección aportando nombres de prestigio para encarecer y exhibir la parcialidad. Por descontado se ha dado, desde el principio, que habrá voto calificado de la Cámara para designar consejeros, salvo que haya una nueva traición. Todo pasará a lo fortuito con dados cargados, tómbola entre incondicionales del régimen, entre éstos quien habrá de presidir al INE, por lo pronto, lo opuesto a Lorenzo Córdova, un funcionario honorable, eficaz, con sentido de dignidad, vilipendiado con bajeza y alevosía, una y otra vez, por el presidente de la República.
La oposición y la sociedad deberán entender que el INE que viene será muy distinto al que existe. El plan B venturosamente deberá de ser anulado por la Suprema Corte de Justicia; hay inconstitucionalidad en el proceso legislativo, además, genérica por la afectación que se le hace al INE y le impide cumplir con su responsabilidad constitucional y específica por las múltiples disposiciones a contrapelo de la Cara Magna. Por ello la designación de los consejeros del órgano electoral y de su presidente se vuelve la madre de todas las batallas. El presidente responde a la marcha ciudadana del 13 de noviembre: al INE no sólo se le toca, se le coloniza y anula.
Está claro que la oposición no está a la altura del desafío. Tendrá que ser el movimiento ciudadano el que tenga la iniciativa y la determinación. Por lo pronto la concentración del próximo domingo deberá ser un mensaje inequívoco no sólo al gobierno y su presidente, también a las cúpulas de las fuerzas opositoras por su incapacidad o connivencia. La exigencia ciudadana deberá ampliar su espectro en apoyo a la democracia. Desde luego que deberá incluir al INE y al Tribunal Electoral y, también, por todo lo que viene adelante, al Poder Judicial federal y, especialmente, a la Corte en su empeño de hacer valer la constitucionalidad de los actos de autoridad, entre éstos, las reformas inconstitucionales aprobadas en el Congreso y promulgadas por el presidente de la República.
Los acontecimientos recientes son un llamado de alerta en el movimiento para la defensa de la democracia. La sociedad civil organizada y los ciudadanos en lo individual deberán actuar en todos los frentes para hacer valer el sufragio efectivo ante el intento autoritario bajo el pretexto de elecciones baratas, como expusiera con acierto el consejero Uuckib Espadas, otrora compañero en el PRD del presidente López Obrador.
