Los malquerientes del INE, muchos de la 4T y algún que otro priísta, le imputan la decisión sobre los recursos generosos que reciben los partidos políticos. Esta es una controversia de origen que se definió hace casi un cuarto de siglo. Por cierto, los dirigentes de la oposición de aquel entonces son personajes muy presentes. Por el PAN, Felipe Calderón se opuso a la decisión y comprometió a su partido de regresarlos al gobierno. Por el PRD, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que sería para libros y para los deudos de los caídos por la represión de Carlos Salinas al cardenismo. Ninguno cumplió, como no cumplen hoy con lo que prometen los dirigentes de Regeneración Nacional.
Del dinero de los partidos no se puede disponer para un destino diferente al previsto en el presupuesto, como en algún momento pretendió López Obrador. Hacerlo es ilegal y es además delito. Por otra parte, el INE no decide montos, lo establece la Constitución, porque así lo decidieron los partidos a través de sus legisladores. El INE debe cumplir y hacer cumplir la ley. Las prerrogativas están constitucionalmente definidas y protegidas.
El precedente de las prerrogativas de los partidos fue la reforma de 1996. Su objetivo fue, principalmente, evitar el financiamiento ilegal del PRI a través del desvío de recursos públicos. Posteriormente, se agregó algo irrefutable, evitar el fondeo de partidos y campañas a través de dineros provenientes de la actividad delictiva, especialmente la asociada al crimen organizado, llámese narcotráfico, corrupción, tráfico ilegal de personas o huachicol.
Lo penoso del tema no es la cantidad que reciben los partidos, sino que a pesar de esos recursos los partidos se financian ilegalmente de los gobiernos de los que ganan y hasta de otros. Asimismo, el financiamiento ilegal de campañas es de cada día y no hay partido que pueda declararse exento de tal señalamiento. Por su parte, el financiamiento del crimen no ha disminuido; al contrario, las elecciones pasadas son prueba irrefutable de su preocupante avance. Se está transitando de políticos narcos a narcos políticos, como en su momento fue Pablo Escobar en Colombia.
Son tiempos canallas. El INE es parte del inventario de los enemigos favoritos del presidente López Obrador. Su querella no son los 5 mil 851 millones que se prevén para los partidos, sino la remuneración de los consejeros, cantidad irrisoria, pero indignante en el estándar político, moral y económico de AMLO. Emolumento, por cierto, definido en la Constitución al asociarlo al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aunque inédita, no sería mayor noticia si la situación fuera normal. Esto es, un sano ejercicio de rendición de cuentas y un debido control de los órganos autónomos. No para la 4T, obstinada en desaparecer al actual Consejo y la autonomía del órgano electoral, al igual que la del Tribunal Electoral adscrito al Poder Judicial de la Federación. No hay que olvidar, tampoco, la impredecible actitud de la diputación priista. Su coordinador Rubén Moreira suscribe la determinación de López Obrador de cobrar al INE faltas, errores e insuficiencias propias.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
