Como pocos de sus antecesores, López Obrador tiene control de la Cámara de Diputados. La aprobación del presupuesto lo demuestra, a la medida del presidente. Ninguna concesión a los partidos aliados, mucho menos a la oposición. El encuentro de los diputados de la coalición gobernante con el presidente en Palacio Nacional fue fiesta. La satisfacción presidencial fue evidente. Lealtad total, absoluta, sin vacilación. Como a él le gusta.
En el evento, los coordinadores parlamentarios le prometieron la aprobación de la reforma eléctrica, seguramente alentados por las declaraciones del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, de mantener el diálogo con vistas a tal fin. Moreira gana el favor presidencial, pero pierde ascendiente entre los suyos. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI pasa a segundo plano y pierde credibilidad como opositor. Aunque haya valores entendidos entre él y su coordinador, Moreno es el perdedor, más si el PRI es derrotado en las elecciones de junio.
Luis Carlos Ugalde, en ilustrativa colaboración en El Financiero argumenta y prueba que los acuerdos consensuados en materia de presupuesto convalidan, de algún modo, la tesis del presidente sobre la corrupción a manera de cooptar a los opositores. No se alcanzaron acuerdos con un sentido de política pública, sino asignaciones de manejo discrecional de los diputados, con frecuencia de obra pública. Los moches, pues.
Esta práctica de comprar voluntades legislativas, acrecentada en el gobierno de Peña Nieto, es una de las heridas profundas de la democracia mexicana. El contrapeso del Poder Legislativo se resolvió de la peor forma. Fue una vía no sólo de cooptación, sino de corrupción a la oposición en el Congreso, en sus partidos y en los estados gobernados por ella. Cuando el presidente perdió mayoría en 1997, se actuó responsablemente y la coalición opositora, con Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Medina Plascencia, doblaron a la minoría mayor, el PRI, para crear un fondo de asignación municipal. En perspectiva, un gran paso y un uso inteligente de la pluralidad en el contexto del gobierno dividido.
Sin embargo, en la presidencia de Fox, el PRI utilizó su fuerza parlamentaria y representación territorial para obtener asignaciones crecientes a los gobiernos estatales para su gasto corriente, resultado del incremento significativo de los ingresos del petróleo por el elevado aumento de su precio internacional. Lo ocurrido durante el gobierno de Peña Nieto no guarda precedente. Llegó al Congreso a través de los moches, la práctica de comprar voluntades parlamentarias, costumbre en el Estado de México desde que la pluralidad ganó espacio.
El presidente López Obrador puede festinar haber logrado la aprobación del presupuesto tal como lo envió a la Cámara. Lo puede hacer y también los suyos. No el país. La deliberación legislativa mostró la necesidad de hacer modificaciones importantes. Más aún, el castigo al INE y al Poder Judicial Federal fueron absurdos e insostenibles, aunque políticamente funcionales para un presidencialismo autoritario que desprecia y repudia a quien no se somete.
La democracia mexicana, una vez que el presidente perdió mayoría en la Cámara, por la corrupción y la ausencia de demócratas, no pudo hacer de la fuerza e influencia del poder legislativo un recurso inteligente para la moderación y contrapeso al gobierno y para generar un sentido de responsabilidad colectiva en definiciones fundamentales de política, como es la aprobación del presupuesto. Se perdió el impulso inicial y se pervirtió la relación entre el gobierno y oposición. Es explicable que la respuesta actual sea el regreso al pasado. Un presupuesto a la medida de López Obrador con una mayoría funcional a tal propósito.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
