En una situación de normalidad jurídica y política, los gobiernos municipales salientes deben de cooperar con aquellas administraciones que los sucederán, sin importar ideología política, aportando información sobre la situación financiera, económica, social, de salud y seguridad que prevalece en el municipio, lamentablemente esta práctica no es común en la mayoría de los ayuntamientos  durante la etapa de transición.

Las autoridades salientes acostumbran proporcionar cifras maquilladas y optimistas,  sobre los resultados obtenidos durante el trienio de su  administración municipal, motivo por el cual las autoridades que entran en funciones, deberán a la brevedad abocarse al diseño de un diagnóstico real de los temas torales, siendo uno de ellos el de la seguridad.

Las áreas de seguridad pública estatal están obligadas a proporcionar información relativa a la incidencia de delitos, los horarios en que estos se intensifican y de ser posible, los delincuentes que los perpetran.    Bajo este esquema deberá prevalecer el apoyo, la comunicación y coordinación de la autoridad estatal con el municipio en la operación de las acciones propias del servicio.

En el país llevamos más de veinte años que en materia de seguridad distintos gobiernos federales y estatales aún no han identificado una estrategia de contención y control contra el crimen organizado.    En cada gobierno federal se han experimentado distintas acciones en las que no ha habido claridad sobre los objetivos  y no se  ha dado continuidad a las políticas públicas que se han implementado para contrarrestar este grave problema.  En diferentes gobiernos federales han incursionado en el desmantelamiento de los cuerpos policiacos, construyendo nuevas policías,  algunos otros han acudido al ejército como apoyo en la estrategia y otros más han centralizado el mando,  con la Guardia Nacional,  en suma  se han seguido distintos caminos sin resultados positivos, como ejemplo lo que sucede en algunos municipios del estado de Michoacán y  Zacatecas.

El problema de garantizar la seguridad en el país, es de varias dimensiones, y no se cuenta con una visión integral para definir las reglas del juego que dejen a salvo a la población civil de delitos como el secuestro, derecho de piso, robo en transporte público, robo en casa habitación, etc., muy por el contrario, el deterioro en este tema va en aumento y  esto es producto de malas decisiones y la ausencia en la aplicación de la ley, por lo que el ciudadano común tiene que adaptarse a esta realidad y vivir con temor a pasar a ser una víctima más de delincuentes de segunda, que encuentran complacencia de la autoridad en los delitos que cometen.

Este es el escenario en que tendrán que navegar los nuevos alcaldes, y si verdaderamente quieren llegar a puerto seguro, tendrán que actuar con decisión y talento para hacer frente desde su ámbito de competencia a este grave problema.

Hace algunos años siendo procurador general de la república el General y abogado Macedo de la Concha, me tocó siendo su asesor participar con otros funcionarios del  gobierno federal,   del estado de  Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, en la instrumentación del programa “Todos Somos Juárez”, cuyo  objetivo fue el revertir la violencia en ese municipio, en donde la estructura social estaba fragmentada por la fuerte presencia de cárteles de la droga, la corrupción de las policías y la desatención del gobierno estatal.

El reto fue, primero lograr la articulación de los tres niveles de gobierno haciendo énfasis en la participación de la sociedad, y posterior definir las acciones a realizar.   Aún con los esfuerzos de la federación, fue difícil revertir en el corto plazo la inseguridad en este municipio, sin embargo con el paso del tiempo la imagen de Juárez para bien se fue modificando, en gran parte al darle continuidad a aquellas acciones que resultaron exitosas, cuyos logros  fueron reconocidos durante el gobierno del Ex Presidente Peña a través del Subsecretario de Gobernación Campa Ciprian, quien destacó en una de sus visitas a este municipio “Voltear a ver lo que se ha hecho en Juárez”.

Hoy en día a través de los medios de comunicación me entero que el nombre original del programa “Todos Somos Juárez” se ha ido modificando el nombre,  más no así su implementación, ahora se denomina “Reconstruyendo Juárez”.    ¿Qué acciones pueden hacer la diferencia con otros municipios del país para obtener logros en materia de seguridad, como los alcanzados en Cd. Juárez?  Una primera respuesta además de la decisión gubernamental de no evadir su responsabilidad ante esta realidad,  es actualizar a nivel municipal el mapa delincuencial mediante el cual es factible prevenir el delito y reforzar  la  coordinación entre los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, que permitan  implementar acciones de prevención del delito, vinculando en cada una de ellas a los distintos actores de la sociedad.

Ante la llegada de las nuevas administraciones municipales, tuve la oportunidad de charlar con dos alcaldes ahora en funciones de  municipios pertenecientes al Valle de Toluca, Metepec y Almoloya de Juárez. El primero de ellos Fernando Flores, hijo de Don Héctor Flores quien forma parte de nuestro plural grupo de amigos   denominado “los ochenteros” por el número de integrantes que lo formamos. Regresando con el Presidente Municipal de Metepec a quien cuestioné el por qué siendo un empresario exitoso incursionaba en la política?, cuando los políticos actualmente no son  bien vistos por la gran mayoría de los ciudadanos, a lo que contestó que administrar un  ayuntamiento no es distinto a administrar una empresa, porque en ambos debe prevalecer la productividad, por lo que aportará su experiencia en el ramo de la tecnología a fin de implementar políticas públicas innovadora que garanticen el desarrollo del municipio, pensando siempre en una cercanía con los ciudadanos, tarea que reconoce no  es nada fácil, por lo que  diseñará una estrategia que articule a la población con la política de su gobierno, con  visión empresarial y no pretender que esta articulación se dé únicamente con el discurso oficial.

 Almoloya de Juárez, es el cuarto municipio más grande territorialmente de los que integran el Estado de México, por lo que es un municipio sumamente fragmentado en distintas zonas urbanas y suburbanas, complicándose el hacer llegar los servicios.

Este es el reto al que se enfrenta  Oscar Sánchez, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, quien además de su juventud, cuenta con una gran determinación para darle solución a los distintos problemas sociales, económicos, de salud y seguridad, por  lo que ha incorporado a su equipo de trabajo a un grupo de colaboradores  que cuentan con experiencia en la definición de acciones en momentos difíciles como el presente.

Está  empeñado en cambiar hacia el exterior la imagen del municipio, dando a conocer los distintos atractivos con que  cuenta como el Museo Virreinal, la presa Ignacio Ramírez, el Ojo de Agua y otros más,  emprendiendo una amplia  campaña en medios que atraiga a visitantes del interior del país, ya que en Almoloya de Juárez son muy importantes sus sitios turísticos que al ser visitados fortalecerán su economía, ya que este municipio no es solamente  el penal del Altiplano, antes penal de Almoloya.

Al cuestionarle de donde obtendrá los recursos para esta campaña de imagen del municipio, que se antoja costosa, comentó que confía en el apoyo que le proporcione la Secretaria de Gobernación con quien iniciará un acercamiento, ya que es en esta Secretaría de donde dependen los penales federales del país.

Director de BGC Consultoría Política.