Los primeros pasos hacia la reforma judicial
Se llevó a cabo el primer foro sobre la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e impulsada por Morena en el Congreso. Sorprendentemente, este primer foro contó con la participación de las y los ministros de la Suprema Corte, quienes a excepción de Lenia Batres, defendieron la carrera judicial y el sistema de mérito como la mejor opción para garantizar la profesionalización y la experiencia de los juzgadores, en lugar de una elección abierta.
Aunque en su mayoría las y los ministros reconocieron la necesidad de una autocrítica y de mejorar al Poder Judicial, mediante la modernización y la eficiencia, también coincidieron en la necesidad de mantener los mecanismos que garantizan la imparcialidad y la autonomía de las y los juzgadores.
Hoy, las pruebas de la carrera judicial son muy complejas, y los concursos muy estrictos, de manera tal que sólo aquellos con plena experiencia y trayectoria puedan ocupar los niveles más altos en los tribunales.
A esto se suma que el control constitucional que ejerce el poder judicial no es una concesión o una intromisión: es un mecanismo plenamente establecido en la Constitución federal, basado en la teoría de la división de poderes, que tiene por objeto el control y la contención de las acciones del poder ejecutivo y el poder legislativo, siempre y cuando estas sean violatorias a la misma constitución. Además, el poder judicial garantiza el ejercicio de los derechos humanos mediante la obligación a las autoridades para cumplir con acciones administrativas, o mediante el otorgamiento del amparo para evitar abusos de poder.
Por eso es tan importante la discusión sobre los jueces y magistrados que serían electos por voto popular. Lo que pretende pasarse por un ejercicio democrático, en realidad es populista y afecta los cimientos mismos de la democracia, pues vulnera los mecanismos de contención al ejercicio autoritario del poder político de los gobernantes.
También es cierto que el Poder Judicial tiene sus propios problemas: no se niegan los casos de nepotismo, ni las decisiones polémicas de algunos juzgadores que incluso están acusados de corrupción. Para casos como este, el consejo de la judicatura es la autoridad responsable de investigar y sancionar este tipo de conductas. Pero la reforma también plantea cambios en este esquema.
El episodio de este primer foro se cerró con las declaraciones del ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien acusó que el poder judicial servía a los poderosos y a los corruptos. Raros señalamientos de quien hace apenas unos años era ministro presidente del máximo tribunal, con lo que él mismo también habría sido parte de esos mecanismos que acusa.
Es prácticamente un hecho que la reforma llegará en los próximos meses. Pero los detalles finos son el actual campo de batalla. La oposición ha tenido un papel de bajo perfil frente a las acciones de la mayoría del pleno de la suprema corte, pero se espera que en la discusión legislativa las cosas cambien. Estos primeros pasos hablan de una transformación que, sin control constitucional, pondría en serios aprietos a la democracia mexicana.
