Este domingo 1 de agosto se llevó a cabo la primera consulta popular, solicitada por el presidente de la República, convocada por el Congreso de la Unión, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ejecutada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en términos del artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular.

Es el primer ejercicio a nivel nacional de la llamada democracia participativa o directa, toda vez que en los ámbitos de algunas entidades federativas y en varios municipios del país, se han realizado consultas, denominados referéndums o plebiscitos, según el caso, desde más o menos dos décadas.

Es una pena que se haya desaprovechado esta oportunidad para el inicio de este tipo de prácticas en nuestro país con un planteamiento que estaba fuera del marco constitucional y legal, cuando se solicitó enjuiciar a los expresidentes, y la SCJN, en lugar de declarar inconstitucional la pregunta, y por ende la consulta misma, como fue el consenso generalizado de los constitucionalistas más connotados del país, decidió seguir adelante en la misma, pero cambiando la pregunta, la cual resultó inentendible para la mayoría de los podíamos opinar.

El INE cumplió puntual y profesionalmente con su responsabilidad constitucional de organizar la consulta, sin los recursos necesarios, mismos que le fueron negados por los poderes públicos que solicitaron y convocaron la consulta. Pero haciendo ahorros del proceso electoral que está por concluir, lograron reunir un poco más de 500 millones para hacerla realidad, y evitar más ataques si se negara a organizarla.

La ley reglamentaria de la materia señala que solo el INE podía hacer la difusión de esta, y lo hizo invitando a la ciudadanía a participar en sus tiempos oficiales de radio y televisión y en sus redes sociales. Sin embargo, Morena y los seguidores de este partido y del presidente de la República, hicieron su propia difusión invitando a participar para enjuiciar a los expresidentes, cuando ya se sabía que la pregunta que aparecería en las papeletas no diría eso.

De por sí, la pregunta aprobada por la SCJN fue de lo más larga y poco entendible para los grandes y pequeños públicos, con una contracampaña donde se convocaba para enjuiciar a los expresidentes, la confusión fue mayúscula, e incentivó la desmotivación y el desinterés para la participación, además de que para muchos y muchas careció de sentido porque no se tuvo claro que se decidiría, y qué consecuencias tendría la participación. Independientemente del carácter vinculante.

Los porcentajes de participación de este de tipo de ejercicios suelen ser bajos, y en algunos casos, muy bajos, por lo que no es sorpresivo el 7% de participación promedio que se tuvo el domingo pasado.

Tomando como referencia ese 7%, es interesante analizar las entidades donde se obtuvo más de ese porcentaje, como fue en 12 de ellas, a saber: Tlaxcala (11.66), Tabasco (11.26), Guerrero (10.85), Ciudad de México (10.38), Hidalgo (10.34), Oaxaca (10.27), Veracruz (10.09), Campeche (9.83), Morelos (8.94), Chiapas (8.69), Puebla (8.59) y el Estado de México (8.10).

Por otra parte, en 20 estados de la República se tuvieron porcentajes inferiores a ese promedio, como el caso de Quintana Roo (6.71), Tamaulipas (6.49), Colima (6.48), Nayarit (5.98), Yucatán (5.94), Michoacán (5.64), Baja California Sur (5.57), Querétaro (5.36), Sinaloa (5.13), Sonora (5.11), Coahuila (5.09), Baja California (4.98), San Luis Potosí (4.88), Jalisco (4.01), Guanajuato (3.88), Durango (3,86), Aguascalientes (3.76), Nuevo León (3,47), Zacatecas (3.38) y Chihuahua (3.05). Revisar esos comportamientos amerita mayores espacios para la reflexión y el análisis.

Morena y sus seguidores, antes de la conclusión de la consulta, anunciaron la creación de una comisión de la verdad y tribunales del pueblo para enjuiciar a los expresidentes, con evidentes tintes propagandísticos y políticos para seguir manteniendo el tema en la palestra mediática, y para eso no era necesaria la consulta realizada.

Para lograr ese propósito basta echar andar el andamiaje jurídico e institucional que ya existe, pero por lo visto, o no se tienen las pruebas correspondientes para enjuiciarlos, y en su caso condenarlos, o no se quiere hacer por quién sabe qué razones, y para eso no hacía falta ninguna consulta.

Debemos retomar lo mejor de este este primer ejercicio para perfeccionar los instrumentos de democracia participativa; qué pasa por la revisión de las leyes para hacerlos asequibles y cercanos a la ciudadanía, además de claros y eficientes en su aplicación. De otra suerte, se pueden convertir, como ha sucedido en otras latitudes, en simples medios para la demagogia y la manipulación política.