Las bandas del crimen organizado son, desde hace ya varios años, complejas estructuras multinegocio. No entenderlo así ha llevado a diseñar estrategias centradas en el combate a la producción y comercialización de estupefacientes, claramente fallidas por décadas, dejando en segundo término la investigación, persecución y sanción de delitos como el robo y comercialización de hidrocarburos, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas e, incluso, delitos considerados sólo del orden común, como el robo de autotransporte.

El desarrollo de estas actividades requiere de tres elementos sin los cuáles no puede explicarse la magnitud y el ritmo de crecimiento de la violencia y la delincuencia en los últimos seis años en el país.

En primer lugar, una notable debilidad institucional, debido a la cual no se logró una adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y esto involucra tanto al Poder Judicial como a las instancias de procuración de justicia, tanto a nivel federal como estatal. Esto nos ha llevado a una condición estructural de incapacidad para detener a los delincuentes y disuadir a más personas de incorporarse a las filas de la criminalidad. El resultado se sintetiza en el concepto de la impunidad, expresado en la cifra negra reportada por el Inegi, por arriba del 90%, es decir, de cada diez delitos, nueve quedan impunes.

En segundo lugar, se encuentra el inmenso poder corruptor de las bandas del crimen organizado. En algunos estudios se estima que el negocio de la droga en el mercado norteamericano, del cual las bandas mexicanas son el principal proveedor, asciende a cerca de 600 mil millones de dólares anuales. Esto da una idea de la magnitud del poder disolutor que tiene de las corporaciones policiacas a nivel local, mediante la compra de voluntades, protección y, en no pocas ocasiones, control directo de las mismas.

En tercer lugar, el control territorial de regiones completas en el país, lo cual requiere de mucho más que sólo personas desplegadas en miles de localidades. Se necesita, además, de entrenamiento, planeación logística, estrategia de movilización, capacidad de fuego, tácticas de desplazamiento y evasión y escape, lo cual, evidentemente, no se construye en un día y necesita de la complicidad, ya sea por comisión u omisión, de las autoridades locales.

Si en la mitad de los municipios del país hay presencia importante de las bandas del crimen organizado, y si en cada uno de ellos hay, sólo por especular, 200 personas, en promedio, trabajando para estas bandas, estaríamos hablando de una estructura operativa de, al menos, 200 mil personas involucradas en actividades criminales organizadas.

Se comprende que el gobierno de la República niegue que el crimen organizado controle franjas del territorio; pero con las consideraciones aquí expuestas, sería casi imposible pensar que no es así. Lo preocupante, en todo caso, es que el discurso se tome como realidad y que las autoridades sigan asumiendo que el combate al crimen organizado se circunscribe al ámbito de las drogas, porque, de ser así, la estrategia seguirá fracasando como hasta ahora.

En los últimos meses han ocurrido hechos que deberían haber encendido todas las luces de alarma en todo el aparato de seguridad pública del país; porque lo que parecieran hechos aislados, vistos en su conjunto, aparentan formar parte del mismo entramado de criminalidad y disputa territorial que amenaza cada vez a  más población.

Sería ingenuo creer que las masacres en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, que se encuentran entre los estados con mayor número de homicidios intencionales, son hechos que no se conectan en un nivel macro.

México vive una realidad sumamente peligrosa en la que el crimen organizado controla cada vez más territorios, gobiernos locales, giros de negocios y más formas y modalidades de la criminalidad. Lo que urge ante ello es otra perspectiva, otra metodología de diagnóstico, estrategia e implementación de la política pública. Al no hacerlo, los ganadores son exclusivamente los delincuentes.