En el corazón de Teuchitlán, Jalisco, se erige el Rancho Izaguirre, un lugar que ha capturado la atención nacional e internacional debido a los macabros hallazgos que sugieren su uso como centro de actividades atroces.

Todas las evidencias apuntan hacia un sitio de exterminio; sin embargo, las autoridades federales insisten en catalogarlo únicamente como un centro de adiestramiento delictivo.

Definamos pues ¿qué es realmente un "campo de exterminio"?

Un campo de exterminio es, por definición, un lugar destinado a la eliminación sistemática de personas. Históricamente, estos sitios han sido utilizados para llevar a cabo genocidios, asesinatos masivos y desapariciones forzadas. Las características distintivas incluyen la presencia de fosas comunes, hornos crematorios, restos humanos y objetos personales de las víctimas.

Las investigaciones y testimonios relacionados con el Rancho Izaguirre han llevado a hallazgos realmente escalofriantes .

Se han descubierto cientos de pares de zapatos, identificaciones y ropa, que nos pueden dar una idea de la cantidad de gente que puso un pie en ese lugar. La existencia de crematorios y fosas indica prácticas de incineración y sepultura clandestina de cuerpos.

 Algunos sobrevivientes han narrado experiencias de tortura, asesinatos y otras atrocidades cometidas en el lugar.

Este rancho, convertido en centro de exterminio y entrenamiento del CJNG, es una de las tantas herencias de la fallida estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su política de "abrazos, no balazos" no solo fortaleció a los cárteles al dejarlos operar con total impunidad, sino que permitió la consolidación de espacios como este, donde la violencia se institucionalizó en la sombra del desinterés gubernamental.

La falta de intervención y la permisividad disfrazada de pacifismo terminaron por ceder el control de amplias regiones del país al crimen organizado, con consecuencias devastadoras para la población civil.

A pesar de las evidencias, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, declaró que "no hay indicios" de que el rancho en Teuchitlán fuera un campo de exterminio, calificándolo en cambio como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta afirmación ha generado controversia y ha sido percibida por muchos como un intento de minimizar la gravedad de los hechos.

Los colectivos de búsqueda y las llamadas "madres buscadoras" han expresado su indignación ante la postura gubernamental. Argumentan que las pruebas encontradas en el rancho son irrefutables y que la negación oficial solo perpetúa la impunidad y el dolor de las familias afectadas.

 La presidenta Claudia Sheinbaum dice que ya dejen a AMLO en paz, cómo si él fuera la víctima, no ve o no quiere ver el horror de la realidad.

La negativa del gobierno a reconocer al Rancho Izaguirre como un campo de exterminio deja en evidencia su nulo compromiso con la verdad y la justicia.

Las evidencias son contundentes y la redefinición de los términos no puede ocultar la realidad de los hechos.

Los mexicanos debemos exigir a las autoridades que enfrenten la verdad, reconozcan la magnitud de la tragedia y actúen en consecuencia para garantizar que atrocidades como estas no se repitan.

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero