Este lugar, operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), funcionaba como un centro de entrenamiento y exterminio, aunque se quiera nombrar de otra manera, en ese lugar se reclutaba y se mataba.

Lo más alarmante es que, a pesar de haber sido asegurado en septiembre de 2024, las autoridades estatales abandonaron el sitio durante seis meses, permitiendo que las evidencias se deterioraran y obstaculizando la identificación de las víctimas.

Familias de desaparecidos han identificado prendas de sus seres queridos entre los objetos hallados en el rancho, lo que pone rostro, donde se ven despojos.

"Encontré la camiseta de mi hermano entre los restos. Nos dijeron que estaban investigando, pero nadie nos informó nada en meses", denuncia Danny, uno de los familiares afectados. Alejandrina, madre de otra víctima, expresa su frustración: "Sabían que allí estaban nuestros hijos y no hicieron nada. Ahora solo nos quedan pedazos de ropa y huesos".

¿Será el Rancho Izaguirre el “Ayotzinapa” de Claudia? La comparación es inevitable. La "verdad histórica" presentada por Jesús Murillo Karam en 2014 resultó ser una construcción falaz, desmontada por investigaciones independientes y, curiosamente retomada y matizada por el actual régimen..

Ahora, el fiscal general Alejandro Gertz Manero promete que en Teuchitlán no habrá una "verdad histórica", pero la falta de transparencia y los retrasos en la investigación apuntan a que así será.

Este caso no es un hecho aislado. La ineptitud de las fiscalías en México ha sido una constante en diversos casos de alto impacto. 

Recordemos el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, donde las autoridades presentaron un montaje burdo en un intento desesperado por mostrar resultados, sin importar la verdad ni la justicia. 

Asimismo, la liberación de "Don Chuy", líder del CJNG, evidenció la corrupción y la falta de rigor en los procesos judiciales, permitiendo que criminales peligrosos regresen a las calles.

El caso de Ariadna Fernanda es otro ejemplo de la desidia institucional. La Procuraduría de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos mostraron una falta de coordinación y profesionalismo que resultó en la revictimización de Ariadna y en la impunidad de los responsables. De igual manera, el caso de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna, sigue sin resolverse, mucho menos brindar justicia a las víctimas y sus familias.

La lista de desatinos es interminable. En el caso del multihomicida de Iztacalco, la fiscalía mostró una alarmante falta de diligencia, permitiendo que el responsable eludiera la justicia.

Estos casos, sumados al horror descubierto en el Rancho Izaguirre, marcan un patrón sistemático de negligencia, corrupción, falta de compromiso y mucha humanidad, por parte de las fiscalías en México.

La impunidad y la ineptitud es el sello de las fiscalías, perpetúan la violencia y destruyen la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Sin una justicia efectiva y transparente, el tejido social de nuestro país seguirá diluyéndose para dejar a su paso una estela de muerte, incertidumbre y  horror dejando a su paso más víctimas y familias destrozadas.

Y de todo esto la política siempre carroñera, medra de la tragedia y ahora parece que estás importante saber si el culpable es prianista, morenista o naranja, cuando la discusión es saber la verdad sobre los perpetradores de esta barbarie.

Las autoridades deben asumir su responsabilidad en estos fracasos y tomar medidas eficaces y contundentes para llevar la justicia a las familias de los muertos y desaparecidos que hay en México, las víctimas son ellos, no los políticos que acusan campañas de desprestigio.

¿Cuántas fosas más tendrá que encontrar la sociedad civil antes de que las fiscalías cumplan con su trabajo?

Tiempo a tiempo.

@hecguerrero