José Luis Camacho Acevedo

Los velos empiezan a correrse en el cada vez más cuestionado caso Lozoya.

Las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en 2012, que Emilio Lozoya Austin entregó para beneficiarse con el recurso de criterio de oportunidad y no ser encarcelado, estaban en poder de la Fiscalía General de la República desde septiembre de 2018.

“La lista de pagos a consultores de la campaña priista de 2012 con dinero corrupto de Odebrecht, una de las supuestas revelaciones de Emilio Lozoya a la FGR para que le condonen penas, estaban en poder de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) desde septiembre de 2018”, detalla la investigación en el portal por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, que poco después fue filtrada a los medios de comunicación, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado destinar el dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año.

Para acogerse a beneficios legales, como una reducción de pena e incluso su posible libertad, Lozoya solicitó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía, para lo cual se comprometió a entregar pruebas que demostraban la complicidad de otras autoridades en la trama de corrupción de Odebrecht.

Hace semanas la defensa de Lozoya ofreció presentar 12 videos que en total suman 16 horas de material que demuestra a funcionarios y políticos recibiendo sobornos para que aprobaran la Reforma Energética, y aunque el presidente López Obrador pidió su difusión, estos aún no han sido revelados.

Lozoya ya se convirtió en un distractor político de segunda categoría.

Existen otras acusaciones del ex director de Pemex que igualmente no han sido comprobadas.

Ya agotada su espectacularidad, Lozoya resbala al terreno de la difamación, tan condenable por mentirosa, como frívola por hacerlo en los momentos en que por la Pandemia nuestro país está en una situación de crisis económica calificada por el propio titular de hacienda, Arturo Herrera, como la peor sufrida desde hace un siglo.

¿A quién le importa si el alcahuete de Lozoya, por órdenes de Videgaray, le entregó una bolsa Chanel valuada entre 4 mil y 5 mil dólares a la periodista Lourdes Mendoza con el supuesto fin de mantenerla “contenta” para que publicara opiniones favorables del ex secretario de Hacienda.

El onus probandi ('carga de la prueba') es una expresión latina del principio jurídico que señala que el que afirma está obligado a probar.

Ante tal difamación y con todo el derecho de limpiar su nombre, Lourdes Mendoza informó que el 31 de agosto presentó una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya.

“Por mí y por mi hija, no puedo permitir que la calumnia, la maledicencia, enturbien mi reputación y honorabilidad, dañándonos a ambas irremisiblemente”, afirmó la periodista en su columna “Sobremesa” del periódico El Financiero.

Lourdes Mendoza es una víctima de la maledicencia mientras que Lozoya es ya solo un payaso más del circo montado por la 4T a través de una Fiscalía, que, por cierto, parece estar perdida en la conducción de un proceso tan trascendente.

Otro caso, de seriedad, discreción y eficiencia es el del encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo.

Los sabuesos fiscales de Santiago Nieto, para citar un reciente caso por demás emblemático, no solo bloquearon las múltiples y millonarias cuentas bancarias de Gerardo Sosa Castelán, también se le detuvo el lunes pasado en la Ciudad de México, por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal, sino que de inmediato lo remitieron al penal de alta seguridad del Altiplano.

Los momentos de apremio nacional, (sanitario, económico y de seguridad pública) no son los más propicios para convertir en grillas políticas las desgracias y en lanzar al estrellato a un rock star de quinta categoría como Gerardo Fernández Noroña.

La política es un asunto muy serio como para dejarlo en manos de voluntaristas segundones como Emilio Lozoya y Gerardo Fernández Noroña.

EN TIEMPO REAL.

1.-El tema educativo fue abordado en el senado de la república en una reunión encabezada por el líder senatorial Ricardo Monreal y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. A un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida al ciclo escolar de manera virtual, el Congreso Mexicano se une al esfuerzo para llevar a los hogares de 30 millones de estudiantes (en total), las clases que imparten a los maestros de la Secretaría de Educación Pública, ir incluso a las regiones apartadas del país y zonas indígenas.

Mediante un acuerdo signado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, así como el líder de la Cámara de Diputados, senador Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente, con el titular de Educación, Esteban Moctezuma, el Canal de Televisión del Congreso se une a este esfuerzo nacional por llevar la educación a distancia, en la etapa de Pandemia del Coronavirus. Serán operadores claves del proyecto Rodolfo González Valderrama, director general de RTC; Ximena Saldaña, responsable de la coordinación del programa SEP; y Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso.

2.- El INE bateó de la manera más categórica posible la enésima pretensión de Elba Esther Gordillo y su familia de seguir viviendo de la ubre pública al negarle su registro como partido político nacional. Ya era un despropósito de que la chiapaneca y su familia estuvieran a punto de cumplir medio siglo viviendo de robarse el dinero público.

3.- La muy previsible comparecencia de Carlos Loret de Mola ante la justicia para que declare tanto su participación como los móviles del montaje ordenado por Genaro García Luna en la “captura de los secuestradores” encabezados por el grupo del aún preso y sin tener sentencia Israel Vallarta, será sin lugar a dudas un riesgo jurídico para el comunicador ya que está muy cerca de que los juzgadores lo señalen como actor central de un ilícito mediático en perjuicio de la Justicia y de la opinión pública.