La justicia mexicana imputó el martes a Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal Pemex, por actos de corrupción ligados a la compra de una planta de fertilizantes, dijeron autoridades judiciales, en el inicio de un juicio que amenaza con salpicar hasta al expresidente Enrique Peña.
Lozoya, quien estuvo a cargo de Pemex entre 2012 y 2016 y fue extraditado desde España a mediados de julio, se declaró no culpable de recibir dinero para la adquisición irregular de una planta de fertilizantes de la firma Altos Hornos de México (AHMSA) calificada como “chatarra”.
“Agradezco se me informen los hechos que se me imputan”, dijo el acusado, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan”, agregó.
La audiencia se realizó a través de videoconferencia, ya que el imputado se encuentra internado en un hospital privado de Ciudad de México por presentar dolores en el esófago por el Síndrome de Barret y anemia grado tres.
Según la acusación formulada por la Fiscalía, mientras Lozoya fue mandamás de Pemex, la petrolera adquirió a fines de 2013 la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados y otras unidades subsidiarias de AHMSA en 275 millones de dólares. La fábrica llevaba casi dos décadas sin funcionar y había sido calificada por ingenieros de Pemex como “chatarra”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo de fiscalización dependiente de la cámara de diputados, concluyó en 2019 que la compra de esas instalaciones se formalizó con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.
Lozoya habría pactado con AHMSA contratos con la petrolera a cambio de jugosos pagos, que se habrían concretado entre junio y noviembre de 2012 por unos tres millones de dólares, dijo la Fiscalía.
Por el mismo caso fue detenido el año pasado, también en España, Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México. El ejecutivo ha negado las acusaciones.
“DENUNCIARÉ A LOS AUTORES”
A fines de 2018 Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de México con la promesa de acabar con la corrupción enquistada en el país. El juicio contra Lozoya y otros altos funcionarios de la administración previa podría destapar la caja negra de ese fenómeno en la nación latinoamericana.
El economista de 45 años buscaría un acuerdo con las autoridades a cambio de beneficios en su proceso y, según han reportado medios locales, presentaría videos de políticos recibiendo sobornos para apoyar la reforma energética impulsada por Peña, que permitió la participación de empresas privadas en el multimillonario negocio petrolero.
Los abogados de Lozoya, un exdirector en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, han asegurado que él siempre actuó bajo las órdenes de Peña -quien ha negado las acusaciones-, así como de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y excanciller, quien ahora vive en Estados Unidos.
“Denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del estado mexicano”, dijo Lozoya el martes antes de relevar que fue “sistemáticamente intimidado y presionado” para realizar los actos que se le imputan, sin brindar mayores detalles.
El miércoles se llevará a cabo otra audiencia de Lozoya, pero por acusaciones de corrupción que involucran a la brasileña Odebrecht, envuelta en una trama de sobornos a nivel internacional.
En marzo de 2012, según la Fiscalía, el exdirectivo pidió a la compañía de Brasil dinero para la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que llevó a Peña al poder.
Odebrecht habría transferido un total de cuatro millones de dólares en abril, junio y noviembre de 2012 a empresas vinculadas a Lozoya y su familia. A cambio, el exdirectivo habría otorgado millonarios contratos a la firma brasileña cuando fue jefe de Pemex.
