Mauricio Valdes
Entre los primeros temas que recibo para la revisión de la
Constitución de nuestro Estado, a cargo del Secretariado Técnico (SECTEC)
creado por la LX Legislatura a iniciativa del Senador Higinio Martínez, me
llama la atención uno que tiene que ver con un tema central de nuestra misión,
que rebasa la capacidad de atribuciones delegadas a las Entidades Federativas.
Esta propuesta parte de una pregunta que desde 2004 repite anualmente el
llamado “Latinobarómetro”: “¿Diría usted que su país está gobernado por unos
cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el
bien de todo el pueblo?” 90% de las respuestas en México se han referido a los
grupos poderosos. La respuesta es casi unánime.
Desde luego que este resultado no significa que el gobierno
beneficia a los grupos poderosos y además es corrupto, esto último tendría que
ver precisamente con las reglas que ordenan la vida cotidiana y la impunidad.
La promoción de políticas gubernamentales en detrimento del
interés general de la sociedad, que se observa en los resultados de inequidad y
concentración de la riqueza, finalmente es lo que debilita las bases
institucionales de la democracia.
El resultado es quién y cómo se beneficia de lo que los
economistas llaman “la renta”, es decir el beneficio del aprovechamiento de los
recursos, los medios y el trabajo. De ahí cómo el ejercicio de influencia sobre
el proceso de formulación e implantación de políticas, por parte de una élite,
puede promover intereses particulares en detrimento del interés general de la
sociedad, y cuyo resultado se aprecia en la distribución y apropiación de ese
beneficio.
El beneficio del rentismo identifica un modo de comportamiento
de las élites políticas y financieras, la perpetuación de las estructuras que
fomentan la desigualdad, y mezclan al poder económico con el poder político.
Algunos expertos les llaman “privatizadores del poder
público”, que corresponden a poderosos grupos de interés que no respetan los
derechos de los ciudadanos, obteniendo “privilegios legales”, ya sea con
subsidios, baja fiscalidad, elusión, permisividad de abusos y arbitrariedades,
concesiones abusivas, empleos simulados, entre otros, así como diversos
privilegios francamente ilegales, conflictos de interés y sobornos.
Con diferentes mecanismos y matices, se acusa que vivimos en
democracias prisioneras, para mantener los privilegios de los pocos y
establecer una especie de puerta giratoria entre cargos públicos y privados,
financiamiento partidario, cabildeo, secrecía gubernamental y falsa rendición
de cuentas. La pandemia ha resaltado el daño de esos privilegios, como sucede
en cada tragedia derivada de los fenómenos naturales.
