Felipe León López

Estos días han sido controversiales para la propuesta transformadora del gobierno de la República: una reforma energética que se confronta con la Constitución y con el acuerdo comercial del T-MEC. Mi compañero de página, José Reyes Doria, apuntó con precisión que todo indica que “el actual conflicto con empresas del sector energético y con el Poder Judicial, obedece a esa ausencia de estrategia reformadora” de parte del Ejecutivo federal y sus aliados en el Legislativo.

“En efecto, el gobierno de AMLO, pese a contar con una enorme respaldo popular y amplias mayorías en el Congreso, no ha tomado la decisión de impulsar una reforma constitucional para recuperar la exclusividad de la Nación en la propiedad, exploración y explotación del petróleo. Hoy por hoy, la privatización del petróleo es una posibilidad latente avalada por la Constitución”, remarca Reyes Doria.

Y así ocurre: a la autollamada “Cuarta Transformación” se le fue de las manos que tenían todo para cambiar la Constitución y con ello trascender a la historia porque los resultados de julio del 2018 le dieron gran legitimidad, la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, además de una inercia para imponerse en los congresos locales. No fue así, y se toparon con disposiciones constitucionales por encima de decretos o enmiendas a capricho del Ejecutivo. Por eso, los fallos contra la reforma energética ahora son el pretexto ideal para que sea la bandera de campaña para el 2021 de “Juntos Haremos Historia”: una nueva Constitución.

La idea de un nuevo constituyente mexicano es vieja, pero en las actuales circunstancias de la alternancia de poderes y de violencia verbal entre los actores políticos, resulta muy poco atractiva para el titular del Ejecutivo y sus aliados, pues para ello tendrían que tender los puentes con todas las fuerzas políticas (cosa que no hay) y los factores de poder económico (con quienes sigue confrontado) y social (como a los medios y formadores de opinión no alineados a los que todos los días atacan) a los que han venido asestando campañas de desprestigio y desacreditación.

Y el siguiente paso sería que estos acuerdos se trasladen en las urnas para que MORENA y sus aliados rebasen la mayoría simple y obtener la mayoría calificada necesaria para los cambios que quieren, así como convencer a todos los ciudadanos del país para ganar la mayoría de los congresos locales en disputa.

Contrario a lo que podría ser un ABC para un acuerdo político nacional estamos en un ambiente donde todo lo importante es la aniquilación del contrario y construir sobre su cadáver el modelo de país que se quiere.

Existen muchas justificaciones sociales para una nueva Constitución pudiera aterrizarse con mayor seriedad: la alta corrupción de la clase política, los poderes fácticos descontrolados e impunes, una violencia que no amaina y la justicia distributiva que sigue sin alcanzarse. Lo hemos publicado en otras ocasiones: al país le urge una fortaleza institucional para caminar por un sendero de conciliación democrática.

Nadie puede afirmar que vayamos por ese camino, pero tampoco que no quisiéramos. En la actual coyuntura se advierten mensajes detrás de la llamada “Cuarta Transformación”, que anticipan un debate intenso al respecto. De hecho, el camino ya está trazado con la Constitución de la Ciudad de México, pues representó un gran ensayo de lo que podría estarse preparando.

¿Son las condiciones políticas actuales propicias para una Constitución que supere la de 1917? ¿Podría darse después de las elecciones de julio próximo? ¿El titular del Ejecutivo ahora sí podría emplear su fortaleza y legitimidad para dar este salto?

La ausencia de mecanismos para armonizar la convivencia de las fuerzas políticas, y más si son opuestas, en su visión de lo que el país debe ser y cómo llegar a serlo, pone sobre la mesa la discusión de la transformación de las instituciones a través de un nuevo pacto social de los mexicanos.

AYUDA DE MEMORIA

·         Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se buscó adecuar las instituciones al esquema de modernización económica y política, pero encontró resistencias en aquellos sectores que defendían el legado del constituyente de 1917 (y que fue hasta con Peña Nieto cuando se vencieron algunas de éstas).

·         Desde 1994, Porfirio Muñoz Ledo ha sido persistente y con poco éxito con su reforma del Estado y la nueva constitución, algo que tentó muy cerca cuando Vicente Fox lo comisionó para este fin, aunque luego lo retiró (salvo la de la CDMX, que por cierto, enfrenta el último fallo de la SCJN).

·         En el 2001, Vicente Fox aventuró la posibilidad de reformar a fondo la Constitución, pero tuvo el rechazo tajante de los legisladores priístas y un equipo soberbio en la Secretaría de Gobernación que no supo articular el bono democrático con que contó este presidente.

·         En otro momento, el 2006, el entonces diputado de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Jesús Martínez Álvarez, promovió también una iniciativa con un proyecto de nueva Constitución; no fue secundado.

·         Cuauhtémoc Cárdenas, como comisionado para la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, planteó que en el 2010 México debía contar con una nueva Constitución; su voz fue acallada incluso por sus entonces correligionarios.

·         Sin embargo, la actual coyuntura con una fuerza política predominante, los partidos derrotados en vías de pulverización y reacomodo, con las aguas turbias en el escenario social y económico y con el crimen organizado local y transnacional al acecho, no parece ser el momento adecuado para revisar la Carta Magna. El problema es de forma y el fondo. ¿Qué propuestas hay al respecto? ¿Cuáles son ahora las rutas por las que quisieran conducir esta discusión? ¿Qué tan viable son las propuestas que están sobre la mesa?

·         Por el lado serio de MORENA, por ejemplo, el 20 de julio de 2018, Porfirio Muñoz Ledo, el proyecto de país tendría “dos tiempos: un tiempo de hacer las correcciones, fundamentalmente de las deformaciones en las que se ha incurrido durante los últimos 30 años, porque de las 900 reformas a la Constitución que ha habido, la tercera parte son de la época actual. Y luego habrá que entrar en un segundo momento a una revisión integral de la Constitución, cuando el gobierno se haya asentado y aumentado su consenso, probado su eficacia y su prestigio. Esto puede llevar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es lo que llama Andrés Manuel la cuarta transformación”.

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