En una pieza publicada recientemente[1], el escritor turco Elif Shafak rememora las reacciones políticas ante los efectos del sismo que aconteció en Turquía, en la región de Marmara, en las proximidades de Estambul, el 17 de agosto de 1999. En este escrito, Shafak recuerda los vehementes discursos sobre la necesidad de regular de manera más estricta la construcción, y cómo, tras un tiempo, simplemente, a “las grietas se les dio una manita de gato, las fisuras se maquillaron y los edificios dañados regresaron a ser utilizados de nuevo. Los que criticaron fueron llamados traidores”. Sin embargo, a pesar de los intensos sentimientos propios derivados del desastre, que invariablemente nos llevan a pensar en las lecciones por aprender, la realidad es que tales lecciones, en el mejor de los casos, se asumen sólo parcialmente.
En los estudios sobre desastres, Turquía ha sido un espejo de América Latina en varios sentidos[2]. Es un país con un peligro sísmico muy relevante, con problemas regulatorios crónicos, dificultades para la coordinación institucional para lograr acciones preventivas efectivas, niveles de percepción de la corrupción en rangos similares a los de México[3], y una implementación limitada de la normativa existente en materia de seguridad estructural.
En los últimos años, la inflación en Turquía produjo una tendencia al alza en la compra de bienes inmuebles en personas que deseaban invertir sus recursos bajo esta vía, en sustitución de otras formas de ahorro que les daban bajos intereses. Por otro lado, la depreciación de la moneda local atrajo gran cantidad de compradores extranjeros de bienes raíces[4]. Estos factores están detrás del auge de la construcción, que respondió a esa demanda y al incremento global de los precios de los insumos (especialmente el acero) solicitando amnistías en la aplicación de la normativa antisísmica de construcciones, lo cual fue presentado, de hecho, como ‘soluciones de vivienda’ por el régimen de Erdoğan[5].
A ello se suma, en este caso, la falta generalizada de intervención en las viviendas construidas previas al reglamento de construcciones turco del 6 de marzo de 2007 (y posteriores), el cual contiene las previsiones más conservadoras sobre el peligro sísmico de la zona de Anatolia, así como diversas consideraciones para el reforzamiento de los edificios existentes. Para ello, se diseñó desde noviembre de 1999 un ‘impuesto sísmico’, el cual se recaudaba sobre el costo de diversos servicios de telecomunicaciones, y del cual se generó un estimado en este periodo de 3 billones de dólares[6], que fueron redirigidos hacia otros sectores y proyectos gubernamentales, como infraestructura carretera.
Ninguno de esos factores nos es ajeno en el contexto mexicano. Tras el sismo de 2017, el 15 de diciembre de ese año, se publicaron las reformas al Reglamento de Construcciones y normas técnicas complementarias en la Ciudad de México; sin embargo, los procesos de verificación del cumplimiento de la normativa -es decir, los mecanismos de implementación y vigilancia- se mantuvieron iguales que los de 2004, centrados en la figura del auxiliar de la administración pública, un profesionista pagado por el constructor para extender responsivas del cumplimiento de la reglamentación. La naturaleza de estos auxiliares es altamente problemática, derivado de su rol remunerado por una de las partes, que le genera una posición de conflicto de interés; y también, por la opacidad que les da su naturaleza jurídica ambigua, el nivel de especialización técnica que requiere su labor, y la sistemática falta de transparencia de sus alcances, seguimiento y vías de sanción.
Si bien se han hecho muchas propuestas para cambiar y mejorar la verificación sobre la calidad de la construcción[7], ésta no se ha reformado aún. Y aunque en nuestro país no ha habido amnistías a la aplicación del reglamento, el sismo del 6 de febrero de 2023 de Turquía y Siria es un recordatorio vívido de los brutales costos la permisividad inmobiliaria y de las malas prácticas regulatorias. Esto, sin contar que la mayoría de las ciudades con alto peligro sísmico de la zona de subducción mexicana simplemente no cuentan con los reglamentos de construcción apropiados para las condiciones de suelo específicas y los tipos de viviendas que tienen estos asentamientos.
Financiar las acciones preventivas necesarias, el reforzamiento de viviendas vulnerables y elaborar los estudios científicos adecuados, requiere que los recursos públicos recaudados tengan una estrategia coherente con los principios de los marcos internacionales. Sin embargo, en el caso de México, los recursos con fines preventivos del Fondo de Prevención de Desastres (FOPREDEN) son apenas el 1.27% del monto de lo destinados al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) contemplados en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023; el cual, de por sí, cubriría sólo una cuarta parte del costo de un desastre similar al de los sismos de 2017[8].
Si a eso sumamos que, en lugar de trasladar los remanentes de años sin gasto catastróficos a la inversión preventiva, los recursos del presupuesto en la materia se trasladan a proyectos coyunturales distintos, no relacionados en nada con la gestión integral de riesgos[9] , estamos ante un escenario espejo de la tragedia de Turquía. Necesitamos urgentemente repensar nuestras prioridades de inversión bajo un enfoque de derechos y responsabilidades del Estado en materia de riesgos. De otra manera, nuestros escenarios de peligro y vulnerabilidad serán una crónica de un desastre anunciado.
