Nuestra Carta Magna —en su artículo 4°— dispone que el Estado tiene la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, pues debe concederle la más alta importancia para garantizar el goce y ejercicio eficaz de sus derechos.
Existe el concepto del “derecho al mínimo vital”, que de acuerdo con la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte significa que el Estado debe garantizar todas las medidas imprescindibles para evitar que las personas se vean reducidas en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que les permitan llevar una existencia digna.
Esta semana se presentó en la Facultad de Derecho de la UNAM el Índice de los Derechos de la Niñez 2022, elaborado por los doctores Mario Luis Fuentes Alcalá y Saúl Arellano Almanza, y comentado por las doctoras Mónica González Contró y Elena Azaola Garrido.
En 2020 nuestro país contaba con una población de más de 126 millones de personas, de las cuales casi 40 millones son niñas, niños y adolescentes de entre 0 a 17 años, lo cual equivale al 31.5% de la población total.
El Índice que se expuso demuestra el grado de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana en torno a 34 variables agrupadas en cinco dimensiones: derecho a la vida y condiciones adecuadas de supervivencia; condiciones generales de acceso al bienestar y el desarrollo; educación y acceso a oportunidades para el desarrollo; contexto habitable, violencia, tratos crueles y degradantes, así como derecho a la identidad y a tener un nombre.
Los resultados son dramáticos, pues en los últimos cinco años las condiciones adversas en que vive y se desarrolla la infancia mexicana no han mejorado, sino por el contrario.
Se destaca que de las carpetas de investigación que se inician cada año en los ministerios públicos en todo el país —en la categoría de Delitos contra la familia— se ha pasado de 191 mil —en 2016— a 254 mil en 2020; esto significa un aumento de 46% en cinco años. Si bien no en todos estos casos la víctima directa es un infante, lo cierto es que vivir en un contexto familiar de riesgo afecta el desarrollo integral de la niñez.
Otro dato alarmante es que la tasa promedio de feminicidios —en el periodo de 2016 a 2020— es de aproximadamente tres víctimas a diario en el país, mientras que el de niñas, niños y adolescentes es de 3.9. Esta realidad lacerante de barbarie en el trato contra nuestros menores debe visibilizarse, pues no se atiende de manera integral ni tampoco tiene el eco suficiente en la opinión pública.
Los autores sostuvieron que nuestro país “es inapropiado para la niñez”, pues las condiciones sociales en que crece no cuentan con un armazón institucional que permita cumplir sus derechos humanos.
En materia educativa, debido a la pandemia, la investigación identifica que 2.4 millones de estudiantes de nivel preescolar a medio superior, no mantuvieron contacto con sus maestros durante ese tiempo.
La importancia de este trabajo radica —entre otras cosas— en visibilizar y exponer que la pobreza afecta mucho más a la infancia que al resto de la población, y en ella están inmersos el presente y el futuro de nuestra nación.
Se infiere y concluye la ruptura de nuestro tejido social. Nuestras niñas, niños y adolescentes están padeciendo pobreza, falta de salud mental y una pérdida ética y de valores incluso dentro de sus hogares.
En conclusión: el Estado y la sociedad mexicana estamos dejando de cumplir con nuestra obligación de proteger a la niñez.
Como Corolario, la frase del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá: “En nuestro país, la pobreza tiene rostro de infancia”.
