Daniela Castañeda

El 4 de septiembre, el Consejo General del INE negó el registro a diversas asociaciones como partidos, entre otras a: i. Fuerza Social por México, ii. Redes Sociales Progresistas (Elba Esther) y iii. Libertad y Responsabilidad Democrática (Margarita Zavala).

En apariencia, inicialmente, dado que no se había emitido una resolución por escrito, a las tres agrupaciones les negaron el registro, por la misma razón: por no alcanzar el número de afiliados necesarios en sus asambleas para lograr el registro (debido a que el INE anularon varias asambleas).

Sin embargo, el Consejo General, luego de una tardanza de 5 días (más de lo que tienen las agrupaciones para presentar su juicio), el día nueve de septiembre publicó las resoluciones correspondientes, de las cuales, en realidad, lo que se advierte es que, en realidad las razones para negar el registro son muy distintas.

A Redes Sociales Progresistas (Elba Esther) y a Libertad y Responsabilidad Democrática (Margarita Zavala) les anularon asambleas porque se demostró que las asociaciones dieron dádivas, promesas o beneficios a distintas las personas para que asistieran a las asambleas. Aunado a que a Libertad y Responsabilidad Democrática también le anularon asambleas porque se demostró que recibieron aportaciones como si fueran pagos, a través del dispositivo CLIP, sin que sea posible saber quién realizó esa aportación, porque ese dispositivo no lo permite.

En cambio, parece que la situación de Fuerza Social por México es distinta, porque más allá de una consideración sin sustento sobre una supuesta intervención gremial en las asambleas, lo que principalmente se afirma discrimitariamente es que las personas que realizaron sus aportaciones determinada cantidad no tenían la solvencia o capacidad económica, para poder realizar esa aportación, con lo cual, la propia autoridad reconoce que no está demostrado el origen ilícito de los recursos.

Pues del estudio de los estados de cuenta de los aportantes, lo único que se acredita es que son personas que usualmente no manejan cuentas bancarias y que precisamente para efectos de cumplir con la ley y hacer aportaciones apegadas a la normatividad, realizaron depositos menores, para transferirlos electrónicamente a la agrupación, en todos los casos sin rebasar el límite permitido por la ley, ni siqueira en cuanto a sujeto sospechoso que debía ser objeto de investigación, porque ningún deposito supero los 100,000.

Entonces, ¿el INE considera ahora que las personas que son jornaleros, eloteros, boleros, o cualquier otra que no tiene un manejo corriente de cuentas bancarias, no tiene derecho a apoyar un proyecto político?.