Federico Berrueto
Si algo se puede decir del presidente López Obrador de la
manera en cómo tomó la renuncia del doctor Jaime Cárdenas al Instituto Nacional
para Devolver al Pueblo lo Robado, es ingratitud y mezquindad. El Presidente no
se equivocó en designarlo titular de una dependencia fundamental para el
proyecto político en curso. Un hombre probo, preparado y auténticamente
comprometido como pocos en la propuesta transformadora en curso.
El Presidente no entiende las consecuencias de la renuncia.
Que la haya hecho pública el doctor Cárdenas acompañada de sus razones muestra
valor y un sentido de lealtad a la causa que sería deseable que muchos de los
colaboradores del actual gobierno tuvieran presente. La lealtad no es hacia la
persona, sino al proyecto y sus principios. Pero también es hacia la ley, tema
incomprensible para López Obrador como queda claro.
No solo la renuncia, sino los hechos a los que alude son un
llamado de atención para que se enmiende camino. Contrario a lo que dice,
predica y hace el Presidente, no se puede prescindir de la ley para actuar.
Invocar que la justicia debe prevalecer sobre la legalidad es una tesis
inaceptable en una democracia. Si así fuera, habría que empezar por cambiar los
términos del juramento presidencial para prescindir de la observancia de la
Constitución y de sus leyes. También queda claro que el Presidente invoca la
legalidad a conveniencia, no como una fórmula de invariable aplicación. La justicia
es un terreno cómodo para el gobernante, porque su definición es la que él
mismo hace. No así con la ley.
Lo que acontece es un golpe severo en la línea de flotación
del proyecto. La honestidad valiente deriva en simulación, hipocresía y
arbitrariedad. Quien señala en esta ocasión no puede ser calificado por el
Presidente como conservador, Cárdenas es un hombre de valor y con un preciado
sentido de integridad, uno de esos casos extraños: un jurisconsulto de
izquierda. El Presidente no puede eludir la realidad: la corrupción está
presente incluso en las instituciones emblemáticas del nuevo gobierno.
Es difícil que López Obrador lo entienda. Su cruzada está
más próxima a lo religioso que a lo político. Por eso exige a los suyos lealtad
ciega y a los demás, sometimiento. Invoca la justicia como criterio y camino
porque es el espacio que él define y determina. Para él la ley es muy incómoda
y complicada, mejor la coartada justiciera. Hay que estudiar la ponencia del
ministro Luis María Aguilar respecto a la consulta para enjuiciar a los ex
presidentes para entender lo lejos que está el Presidente del sentido de legalidad.
La mezquindad con la que actúa el Presidente habla de sus
insuficiencias personales y posiblemente sea una manera de proyectar el
desencanto por el rumbo que lleva su gobierno. Su honestidad queda en
entredicho, por más que su refugio sea la austeridad. La lucha contra la
corrupción es justo lo que hace a quien ahora él denuesta y descalifica: actuar
con la ley en la mano, denunciar a los corruptos y tener el valor para hacerlo
público.
