Lo que propone el gobierno federal con esta reforma al Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) es hacer una equiparación de la evasión fiscal con los incentivos fiscales y además el cambio legal es contrario a las mejores prácticas internacionales, comentó Lucía Hidalgo, directora de la asociación Alternativas y Capacidades.

“Tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomiendan que el gobierno dé incentivos fiscales para el derecho de asociación”, comentó Hidalgo.

Explicó que en México existen 2,000 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que sí dependen entre 30 y 100% de los donativos individuales y 5,100 son las que pueden percibir donativos individuales.

“No equiparemos la evasión fiscal con los incentivos fiscales porque no tienen ningún sentido (...) Las organizaciones civiles ya llenamos un informe especial de transparencia, ya tenemos muchas medidas que regulan cómo y en qué estamos gastando”, dijo en entrevista para El Economista.

No permitir la deducibilidad de los donativos no abona al fortalecimiento de la filantropía y entonces es contrario a mejores prácticas.

Continuó explicando que con esta medida fiscal a las OSC se les está equiparando con empresas factureras cuando no “tienen nada que ver, pues ya cumplimos con otros requisitos que nos solicitan”.

Mientras tanto, Sofía Calvert, expresidenta de la Fundación Canacintra, explicó que con la reforma al Artículo 151 de la Ley del ISR se verían afectadas 5,000 OSC y lo más importante, la población que atienden, que va desde niños hasta adultos mayores.

“Es una infinidad de personas que son atendidas por estas fundaciones, se estima que se pueden dejar de percibir 8,000 millones de pesos que a nuestro parecer, el problema no está en estas instituciones”, comentó en entrevista.

En este sentido, explicó que si el problema está en los abusos que se aplique la ley a las personas físicas que cometieron esas infracciones y que se siga el debido proceso para que se mantenga el Estado de derecho.

A lo dicho por Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien sostuvo que es más fácil cambiar la norma en general que auditar a una por una de las personas involucradas, la entrevistada comentó que la ley se tiene que aplicar así sea “fácil o difícil”.

Paralelamente, Mayté Cárdenas de UNIDOS Somos Iguales A.C., reveló que ante la pandemia los donativos han ido a la baja y con la aprobación de la reforma se complicaría aún más la situación ya que 23% de sus ingresos provienen de personas físicas, si se reduce este porcentaje (de 7%) tendrán que recortar personal y atenderán a menos personas.

Esperan análisis completo

Los senadores tienen hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal para el próximo año, por ello, aún tienen la esperanza de que los legisladores analicen la situación de toda la población vulnerable que van a dejar desatendida.

“Esto afecta a toda la población que quedará en un estado de vulnerabilidad o que no tendrá el apoyo de las OSC. Es momento de alzar la voz y poner atención en este tipo de cosas”, comentó Sofía Calvert.

Por su parte, José Trinidad del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México que representa a 420 OSC, alineadas a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, comentó que, de confirmarse los cambios en en la norma, el donante va a preferir deducir sus gastos personales tales como: gastos médicos, dentales, funerales o colegiaturas a optar por donar a las organizaciones civiles.