Los partidos políticos en el mundo atraviesan una profunda crisis, provocada por la falta de confianza ciudadana y por el desgaste que las élites partidistas y la llamada nomenklatura política han generado, al apoderarse de las decisiones más importantes de la vida partidaria, incluyendo la selección de candidatas y candidatos a puestos partidistas y de elección popular.

La columna vertebral de los gobiernos democráticos se sostiene en los procesos que se llevan a cabo y en los actos cotidianos que se desarrollan en la práctica política. Sin distingo de país ni de partido, las diferencias más significativas que se presentan son provocadas por imposiciones y procedimientos antidemocráticos. Ante la ausencia de voluntad política para profundizar la vía democrática en la toma de decisiones, normalmente se presentan rupturas institucionales.

Eso está pasando en México, que sufre de un debilitamiento en su régimen de partidos y de un confuso sistema electoral que prioriza que los institutos políticos elijan candidatas, candidatos y dirigentes, sin apegarse a principios democráticos y permitiendo con ello que las burocracias políticas o la nomenklatura actúen de manera cerrada y sin margen para la apertura democrática. Cada vez se torna más frecuente la exigencia para llevar a cabo elecciones primarias o el uso de métodos que permitan a la ciudadanía participar en esas decisiones.

En el marco jurídico vigente se debe incluir como obligación de los institutos políticos acudir a métodos confiables y transparentes —como las elecciones primarias, la consulta a la base militante y simpatizante o las convenciones de delegadas y delegados democráticamente electos—, organizados y sancionados por órganos constituidos en materia electoral.

En las décadas recientes, en nuestro país se ha acudido, de manera casi invariable, al levantamiento de encuestas de opinión para poder designar a dirigentes, candidatas y candidatos, ejercicios que, por su uso indiscriminado y falta de transparencia, carecen de legitimidad y confianza, lo cual desencadena la irritación y la frustración ciudadanas.

En este contexto, en unos meses más, en junio de 2022, se celebrarán elecciones para renovar Ejecutivos locales en seis Estados de la República, a saber: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y en todos ellos, sin excepción, Morena designará candidatas y candidatos mediante el método de encuestas.

En días pasados se lanzó la convocatoria para la inscripción abierta —sin requisitos ni candados— de cualquier ciudadana o ciudadano que se sienta apto para participar. De manera extraoficial, se conoce que en algunos lugares se llegaron a registrar incluso hasta 40 aspirantes, que consideran tener méritos, capacidad y respaldo social, para encabezar la contienda electoral.

Las encuestas son mecanismos desgastados, cuyos resultados generan suspicacia y duda. Nadie, excepto quienes las levantan, saben cómo esto sucede, y todos dudan de ellas, salvo las personas que obtienen la decisión de ser candidatas o candidatos.

Los que deciden participar, mujeres y hombres de buena fe, lo hacen con el convencimiento de que pueden ser quienes obtengan las mejores cifras, o bien, se registran para alcanzar un espacio o alguna posición de poder en el futuro gobierno, que el ganador o la ganadora les pueda ofrecer; ésta es una vieja práctica de la inscripción masiva para aspirar a puestos de elección popular.

Tenemos que reconocer que Morena, siendo el movimiento social más importante de las últimas décadas, ha carecido de vida institucional, de vida orgánica, e incluso de un régimen disciplinario entre sus militantes y participantes; de ahí que debamos estar alertas acerca del resultado de estos procesos de selección mediante el mecanismo de encuestas.

Sin embargo, resulta aún más indispensable que, con madurez política, deliberemos en torno a tales ejercicios de selección, para no alejarnos del ideal democrático que nos llevó a construir y a fundar este partido, que goza de la mayor aceptación ciudadana en la historia reciente de la vida pública de México.

Es hora de fortalecer el régimen de partidos y de incursionar en procesos internos innovadores, modernos, aceptables y confiables que profundicen la vida democrática interna.

No hay que tener miedo de buscar estos mecanismos, sólo hay que tener miedo al miedo mismo.