A menos de tres meses del arranque del Mundial 2026, las decisiones más recientes alrededor del torneo muestran que la discusión ya no se limita al futbol. FIFA ratificó que la Copa del Mundo se disputará sin cambios de calendario, aun con la guerra en Medio Oriente y con la incertidumbre en torno a Irán, selección cuya presencia quedó bajo presión política después de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre supuestos riesgos de seguridad. La Confederación Asiática respondió que no ha recibido ninguna notificación oficial de retiro y mantiene a Irán dentro del torneo.

El segundo frente es de derechos y gobernanza. Organizaciones agrupadas en Sport & Rights Alliance exigieron a FIFA garantizar un Mundial “seguro, incluyente y accesible”, con objeciones dirigidas sobre todo a la política migratoria estadounidense, la libertad de prensa y la ausencia de planes públicos de derechos humanos en varias ciudades sede. Esa presión coloca a FIFA ante una contradicción: promover una narrativa de inclusión mientras parte del entorno político de uno de sus anfitriones opera con restricciones que pueden afectar a aficionados, periodistas y trabajadores.

México aparece en un tercer plano, igual de político: la seguridad. En días recientes, la violencia criminal en Jalisco y el escrutinio sobre condiciones de orden público obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir públicamente para contener inquietudes sobre el torneo. Al mismo tiempo, Ciudad de México activó una operación simbólica de promoción mundialista con la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo, presentada como mensaje de unidad social antes del inicio de la Copa. La disputa de fondo es clara: México busca proyectar capacidad organizativa mientras enfrenta cuestionamientos sobre seguridad territorial.