Luis Acevedo Pesquera

En el marco de la pandemia, las referencias cultas se han centrado en “La Peste”, la espléndida novela de Albert Camus en la que se relata los efectos de una epidemia que desemboca en la muerte diaria de centenares de personas y que debido a la transmisión imparable de la enfermedad obliga a imponer un severo aislamiento que trastoca a los individuos y saca lo peor y mejor de la sociedad, pero también pone en evidencia a las autoridades.

Desde otra perspectiva, el filósofo Michel Foucault, en su libro “Vigilar y castigar”, se refiere a las normas que se impusieron en el siglo XVIII en una ciudad francesa que fue atacada por una peste.

“Se ordena a cada uno que se encierre en su casa, con la prohibición de salir (…) cada familia habrá acumulado sus provisiones (…); cuando sea absolutamente preciso salir de las casas, se hará por turno, y evitando todo encuentro”. Cualquier relación con la cuarentena, es la pura realidad.

De cara a la pandemia del coronavirus, las coincidencias descritas por el escritor y el filósofo resultan naturales con el momento que se vive en el mundo, especialmente en México.

Mientras Camus refiere al efecto que puede tener un problema biológico sobre la “moral”, Foucault centra su atención en lo que llama la “sociedad disciplinaria”, que ampliaría en sus análisis sobre la prisión y en donde esta disciplina no solamente atenderá desde la perspectiva punitiva o carcelaria, sino también médica, psiquiátrica, industrial, escolar y ciudadana que, en nuestro caso, la podríamos visualizar en “Su-sana distancia”.

En general, estas figuras reflejan actitudes políticas, pero sobre todo actos de poder.

De cara a la pandemia, el gobierno mexicano no ha sabido ejercer el poder para manejar la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas, aunque de manera simplista ha echado mano de la política para enfrentar lo inevitable en materia de atención hospitalaria y al garantizar el flujo monetario durante el confinamiento productivo. No había de otra.

Lo que se ha hecho hasta ahora son procesos elementales para cualquier autoridad, pero que eluden su responsabilidad social, política y de ejercicio del poder al mostrar incapacidad para crear un ambiente solidario o, mejor aún, una “moral” frente a las crisis (médica y económica), como plantea Camus, o “disciplinaria”, al modo de Foucault, y que se podrían expresar en el simple uso generalizado del cubrebocas, como un acto de cuidado personal y respeto del prójimo que se convertiría en una política pública de salud.

En algunos países, en donde se ha controlado con el éxito que permite la enfermedad del coronavirus, se planteó una ideología clara de la conveniencia por atender la salud desde los hogares y, con ello, resolver los problemas económicos del confinamiento mediante acciones de política pública basadas en la economía formal y entre los auténticamente pobres.

Los problemas creados por la pandemia desplazaron la necesidad democrática de analizar el poder actual del Estado y su responsabilidad en el ejercicio de la política, porque inevitablemente el COVID-19 ya modificó la trayectoria del destino de la sociedad mexicana.

El debate necesario ante el desconfinamiento desordenado, que se magnifica con el avance de los contagios y muertes, no debería estar opacado por la propaganda mediática de procesos judiciales como el de Emilio Lozoya que contrasta con la judialización en contra de los enemigos políticos del actual régimen, anticipar un año las disputas electorales, acusaciones presidenciales del Narcoestado en gobiernos anteriores, como si la estructura que se reprocha se hubiera saneado hace casi dos años o si el actual régimen no estuviera afectado por la delincuencia y si la inseguridad creciente, el desempleo y la incertidumbre ya no formaran parte de la realidad mexicana.

La ineficacia de las autoridades, que abrevan de su ignorancia y de las ocurrencias de cada mañana, han preferido reforzar la idea de que la sociedad mexicana inexorablemente necesita del gobierno porque no sabe cómo ordenarse ni articularse sin el asistencialismo del Estado, en lugar del debate abierto, participativo y democrático sobre el futuro nacional, no a mano alzada ni con trampas legislativas.

El primero de septiembre es la oportunidad ideal para que el gobierno lance esa convocatoria que se deberá reflejar en el cambio estructural económico y político basado en la unidad nacional y en la generación de oportunidades, porque la pandemia y la falta de visión ya se encargaron de cambiar las expectativas del país y porque el poder hay que saberlo ejercer, más cuando se ejercita desde el Estado.

@lusacevedop