Un nuevo sistema procesal para la resolución de conflictos se está poniendo en marcha en el país como resultado de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, que dispuso la supresión de las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje —como instituciones responsables de la resolución de controversias entre trabajadores y patrones— para ser sustituidas por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la federación.

Entre otras cosas importantes, la reforma dispone que, en materia federal, antes de acudir al litigio en los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliadora que estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a quien le corresponde, además, llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales.

Coincidiendo con la puesta en marcha de la segunda etapa de esta reforma paradigmática, esta semana se celebró un evento muy importante en el auditorio Jus Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM, para la presentación ante la comunidad jurídica de la obra El nuevo sistema de justicia laboral en México, de la autoría del magistrado Sergio Javier Molina Ramírez, consejero de la Judicatura Federal.

Entre los comentaristas estuvo presente la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social —destacada egresada de esta casa de estudios—, quien resaltó las virtudes académicas y la profundidad de la obra e informó de los resultados positivos que la implementación del nuevo sistema laboral está arrojando.

La secretaria del Trabajo refirió que este cambio de modelo apuesta por la conciliación entre las partes para tratar de poner freno a juicios interminables, formalismos excesivos y, en general, a combatir prácticas y vicios que colocaron a la justicia laboral en manos de una verdadera industria del litigio.

Se informó que, en las primeras ocho entidades federativas donde ya está implementada la reforma, las estadísticas indican que el 70 por ciento de los asuntos se ha resuelto a través de la conciliación y que los asuntos que por necesidad llegan ante un juez de distrito, las sentencias se emiten en cuatro y medio meses en promedio. Un cambio sustancial que deja de lado las cargas excesivas para el Estado y las partes.

Por su parte, el magistrado Molina Martínez comentó que la reforma pretende dejar de lado los formalismos exorbitantes y anteponer a la legalidad extrema el principio de realidad, principio procesal que ahora se ha conferido a los juzgadores para que resuelvan las controversias que se les presenten, no a partir de las estrategias legales de los abogados, sino en base a lo que allá afuera está sucediendo y que la sociedad está reclamando.

El autor de la obra señaló que esta reforma estructural está siendo bien implementada gracias al trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo y Judicial; la conjunción de esfuerzos de los gobiernos de las entidades federativas y la participación de la academia, porque significa un cambio cultural que hay que ir haciendo desde todos los frentes.

Lo anterior confirma que el cambio de perfil de los egresados de esta Facultad de Derecho que se ha venido forjando es correcto: formar juristas conciliadores y mediadores antes que litigantes y pleitistas, para tratar de contribuir al restablecimiento de nuestro tejido social y procurar un acceso eficaz a la justicia.

Como Corolario, la frase de Cicerón: “La paz es el resultado de la justicia y el derecho”.