Lo que comenzó el 17 de septiembre como el anuncio de uno de los mayores aseguramientos de combustible de los últimos años en México terminó, ocho días después, convertido en un problemón para la propia Fiscalía General de la República (FGR) y por añadidura, para el mismo Batman mexicano: Omar García Harfuch.

En San José Iturbide, Guanajuato, autoridades reportaron el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo, además de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación. El anuncio fue realizado por Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato.

La versión inicial señalaba que se trataba de combustible presuntamente ilícito. Sin embargo, la FGR todavía investiga su procedencia y si efectivamente puede acreditarse que se trataba de huachicol. La investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que revisa la propiedad del producto, su trazabilidad y la documentación relacionada.

¿Quién inició la investigación?

La versión oficial presentada posteriormente por Omar García Harfuch señala que la investigación comenzó el 3 de julio, después de que se detuviera una pipa que transportaba diésel cuya procedencia no pudo acreditarse. A partir de aquella intervención se realizaron otras diligencias hasta llegar al inmueble de San José Iturbide.

Existe una versión no confirmada de que quien inició y dio seguimiento a esa investigación fue precisamente Juan Mauro González, titular de Seguridad y Paz de Guanajuato. El propio funcionario ha explicado que la ruta comenzó con el aseguramiento de una pipa y que, a partir de esa intervención, se fueron realizando otras actuaciones hasta llegar al predio donde fueron localizados los millones de litros de combustible.

El dato resulta relevante porque modifica la lectura sobre quién puso en marcha la investigación y quiénes participaron en sus distintas etapas.

¿Qué papel tuvo Guanajuato?

Durante la conferencia matutina del 25 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el aseguramiento y la apertura del procedimiento provinieron de la delegación de la Fiscalía en Guanajuato.

Pero también señaló que intervino la policía estatal y que el primer comunicado sobre el operativo fue emitido por el secretario de Seguridad de Guanajuato.

Harfuch añadió que la investigación se inició precisamente con informes de la policía estatal.

Entonces surge una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública completa: ¿qué tanto conocían las autoridades estatales sobre la investigación y el inmueble intervenido antes de que se anunciara el aseguramiento?

No existe, hasta ahora, información pública que permita afirmar que el gobernador, el fiscal estatal o el secretario de Seguridad de Guanajuato conocieran previamente todas las características del operativo. De hecho, Harfuch respondió que, hasta donde sabía, ni el fiscal estatal ni el secretario de Seguridad estaban bajo investigación.

Pero tampoco puede ignorarse que la propia versión oficial reconoce la participación de la policía estatal y que la investigación comenzó con información proporcionada por ella.

¿Y Ernestina Godoy?

La otra pregunta apunta directamente a la FGR.

Ernestina Godoy es la titular de la Fiscalía General de la República y, después de que surgieran cuestionamientos sobre el operativo, la investigación pasó a una instancia especializada de la propia Fiscalía. La FGR revisa actualmente la documentación y la procedencia del combustible.

El 25 de septiembre, García Harfuch confirmó que Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, fue destituido debido a que la Fiscalía detectó “ciertas anomalías” en el operativo. Según explicó, las acciones se realizaron aproximadamente dos semanas antes de que fueran informadas públicamente y sin haber verificado completamente la información.

La cuestión, entonces, no termina con la salida del delegado. La propia revisión de la FGR tendrá que determinar qué ocurrió durante la cadena de actuaciones que llevó del aseguramiento de una pipa al hallazgo de 59 millones de litros y, posteriormente, a la decisión de presentar públicamente aquel resultado como un decomiso de huachicol.

“Ya embarcaron a la Procuraduría”

El periodista guanajuatense Arnoldo Cuéllar ha cuestionado precisamente esa secuencia.

Cuéllar señaló que el caso se remonta a julio y que el cateo en la terminal habría ocurrido el 4 de septiembre, mientras que el aseguramiento se hizo público hasta el día 17. También llamó la atención sobre el hecho de que la terminal habría reanudado operaciones el 10 de septiembre.

En ese contexto, Cuéllar ha planteado que, sea de buena o mala fe, a la Procuraduría ya la habían “embarcado” con una operación cuya presentación pública se adelantó a la comprobación definitiva de que el combustible era ilegal.

La propia información oficial terminó confirmando parte del problema: todavía no se ha establecido públicamente que los 59 millones de litros sean huachicol. La empresa operadora, Gas Natural del Noroeste, sostiene que la terminal cuenta con permisos y que el combustible almacenado pertenece a sus clientes, mientras la FGR revisa la documentación para determinar su procedencia.

Lo que quedó dicho en la mañanera

La explicación ofrecida el 25 de septiembre buscó delimitar responsabilidades.

Sheinbaum señaló que la intervención inicial correspondió a la delegación de la FGR en Guanajuato y que participaron autoridades estatales. Harfuch explicó que el caso se originó con información de la policía estatal y que, posteriormente, la Fiscalía encontró observaciones que llevaron a atraer la investigación a la FEMDO.

También confirmó que Juan Francisco Vera fue separado de su cargo por las anomalías detectadas en el procedimiento.

Así, el episodio terminó colocando a distintas instituciones dentro de una misma cadena: la policía estatal aportó información; la delegación de la FGR en Guanajuato condujo actuaciones; el secretario estatal difundió el resultado; la FGR posteriormente revisó el procedimiento; y la FEMDO quedó encargada de determinar qué ocurrió realmente con el combustible.

Para Omar García Harfuch, el episodio significó tener que explicar públicamente un operativo en el que su dependencia no aparece como la autoridad que inició la investigación ni como la responsable de la delegación de la FGR que quedó bajo cuestionamiento.

El mal rato, sin embargo, terminó llegando hasta el escritorio en su baticueva.