El caso de la desaparición, asesinato y polémica mediática de Debanhi Escobar ocurrida en Nuevo León, urgió a todos los niveles de gobierno, administración y procuración de justicia y a los medios de comunicación, a realizar un análisis sobre el incremento de las desapariciones y feminicidios, porque ha sido un hecho ineludible que todos están, o más precisos: estamos, fallando para revertir el clima de violencia e inseguridad que priva en casi todos los rincones del país.
El caso Debanhi evidenció toda la podredumbre que hay en la administración y procuración de justicia, pero también entre la clase política y los medios de comunicación y redes sociales, en que las víctimas no sólo no son escuchadas, sino que son burladas, engañadas, desdeñadas y revictimizadas. Las protestas nacionales por este ejemplo no quedaron ahí, porque hay indignación nacional por el alto número de personas desaparecidas. Después de la protesta pública del padre de la víctima, en Tláhuac, colonos bloquearon la avenida por la desaparición de Karen Itzel Rodríguez Barrales.
En Acapulco, donde los reacomodos de grupos delictivos tienen a las autoridades estatales rebasadas, la frivolidad parece ser el sello de un gobierno compartido. Casi a diario, con bailes, karaoke y bailes de mujeres amenizan en un terreno baldío de Chilpancingo las presuntas audiencias públicas del senador con licencia, pero vicegobernador de facto, Félix Salgado Macedonio, quien se lanzó contra quienes exigieron la renuncia de su hija Evelyn Salgado, la gobernadora constitucional, ante el cuestionado conflicto que provocó el presunto plagio de Yoseline Patricio Vendrel, por quien vecinos de la zona suburbana, bloquearon por dos días el acceso de Acapulco, hasta que afortunadamente apareció la joven de 16 años el pasado domingo antes que se inaugurara el Tianguis Turístico de Acapulco. En redes sociales, fue cuestionado el silencio de las autoridades en el caso Yoseline y del destino del millón de pesos que la Fiscalía General del Estado, ofreció como recompensa para su localización, “¿Dónde está el dinero?” Es la pregunta de varios ciberactivistas.
Por su parte, los avicultores del estado de Veracruz hacen un llamado al alto mando de la Guardia Nacional Carreteras por una serie de eventos de inseguridad que se han registrado en los últimos meses en la autopista Córdoba- Puebla, sobre todo en el tramo de la caseta de cobro de Esperanza a Tecamachalco en el estado de Puebla, donde en menos de una semana ocurrieron tres asaltos con violencia; en el primero, el chofer resultó ileso, en el segundo herido en el brazo por disparos de armas de fuego, ambos casos de la empresa Agroindustrias de Córdoba; el tercer evento desgraciadamente falleció el operador de la empresa Grupo Pecuario San Antonio. Ese tramo carretero es uno de los más inseguros, junto a los de Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, donde no hay día que no ocurra un percance. La queja de transportistas e industriales de la región es la poca capacidad de respuesta por parte de la Guardia Nacional; no acuden a prestar auxilio, el 911 no responde a las llamadas de auxilio, no generan los folios para de predenuncia, CAPUFE no responde a llamadas telefónicas para solicitar auxilio en el momento de los robos de las unidades. Es el abandono total.
Hablar de la seguridad no es nada fácil para un país que desde 1993 es azotado por la violencia del crimen organizado empezando con asesinatos de alto impacto hasta llegar a la situación actual, en que grupos delincuenciales prácticamente tienen tomadas regiones enteras y amenazados a la mayoría de los ciudadanos.
La política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se implementó en un escenario en el cual los grupos criminales estaban ya fortalecidos, porque fracasaron los gobiernos anteriores que, durante los años fueron avanzando en la cooptación de mandos policíacos, militares y hasta marinos. Ha sido difícil que avance bajo la lógica de la pacificación, de la atención a la raíz del problema: el tejido social deteriorado por el dinero del crimen, contra el que poco o nada se puede hacer.
La estrategia que se propuso para recuperar el control territorial por parte del Estado mediante acciones contundentes a los jefes de los cárteles, como ocurrió en Colombia, de la mano de las agencias de los Estados Unidos, con los dos grupos más violentos y peligrosos: el de Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orihuela; así como buscar el resarcimiento del tejido social, proteger a la población, eliminar el negocio de las drogas ilícitas, mantener una capacidad disuasiva, actuar con eficiencia y transparencia en el respeto a los derechos humanos simplemente fue bueno en los discursos, porque en los hechos, ocurrió todo lo contrario.
Por ello, la estrategia del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” buscó cambiar todo de raíz: primero, no someterse a la política de seguridad de EEUU, cortando los grupos de coordinación con la DEA, la CIA y otras agencias de inteligencia en nuestro país; segundo, utilizar la paz en lugar de la guerra en el discurso; tercero, desmediatizar a los capos de alto perfil y evitar el sueño aspiracional de los jóvenes; atacar con programas sociales la raíz del problema y cuarto, el gran reto de crear una Guardia Nacional, que sustituyera a la corrompida policía federal y se regresara al Ejército a los cuarteles.
Quizá se argumenten las razones más que justificadas para sacar a la DEA y la CIA del territorio, pero qué podría decirse de la militarización de la política migratoria en México, porque como “nunca en la historia, México aplica una dura política de contención migratoria, que incluye el despliegue de todas las Fuerzas Armadas del país. El objetivo: impedir a las personas migrantes acercarse a Estados Unidos", tal cual fue dictada la condición desde el gobierno del vecino del norte, según el informe “Bajo la Bota”.
En el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 como el Plan Nacional de Desarrollo se comprometían a no utilizar más al Ejército en tareas de seguridad. Bueno, hoy las fuerzas armadas siguen en las tareas de seguridad, la Guardia Nacional depende directamente de la Secretaría de la Defensa y se busca una reforma para que así sea legalmente. Lo delicado es que las denuncias contra las acciones de algunos elementos de la GN siguen dando mucho qué desear, envueltos en escándalos de corrupción en su sección de carreteras, y ahora con el peso del asesinato del estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, que sigue sin aclararse.
Otros puntos, como una justicia transicional para víctimas del crimen organizado, creando comisiones de la verdad, limpiar la cadena de impunidad de los expedientes prioritarios de atención, pues siguen durmiendo el sueño de los justos, como es el interminable lucro político con los 43 normalistas. La revisión de los casos de delincuencia forzada y primo delincuentes a los que pudiera darles libertad bajo ciertas condiciones se dio un primer impulso, pero el resultado fue pésimo. La revisión a fondo al sistema de justicia penal, de los aparatos de impartición de justicia y a abatir la cadena de impunidad, simplemente no avanzó. Ni qué decir del análisis integral del proceso transicional de la regulación de drogas (marihuana y amapola) desde un enfoque medicina y social, que sigue pendiente y muy temeroso.
El día que Rosa Icela Rodríguez y Ricardo Mejía Berdeja fueron elevados por el presidente para sus sueños políticos, y presumieron una disminución del 17.1 por ciento del homicidio doloso y un histórico 74.6 por ciento de los secuestros, fue el segundo día más violento del año con 107 ejecuciones, para sumar cerca de 122 mil muertos en este sexenio. Ese día también hubo un inaudito asalto en la autopista Querétaro. Y al día siguiente “los sistemas de emergencia de la ciudad de Celaya, recibieron reportes de ataques armados a tres establecimientos de la colonia Valle Hermoso, con el saldo de 11 personas muertas y 5 lesionados”, reportó Portal Guanajuato.
Quizá para el gobierno de AMLO echar las campanas al vuelo por las estadísticas que le presentan sea ejemplo de éxito, pero no es así. Es recomendable que haga una revisión a las promesas y propuestas de campaña; es muy urgente que haga ajustes y sea más sensible para entender el malestar ciudadano que tiene la inseguridad y la violencia como su principal preocupación y que, como han reiterado los mismos ciudadanos, seguir culpando al pasado por su falta de respuestas ya es inadmisible. En este sentido, debe convocar a una gran cruzada ciudadana, porque sin los ciudadanos, así le llame “pueblo” tienen también voz y propuesta.
POLÍTICA- LÍNEA 13
El pasado 23 de mayo se llevó a cabo en el salón Los Espejos de la Alcaldía Iztacalco, el Primer Encuentro Político y Social de la Unidad de Acción Popular con el fin de convocar a las izquierdas a contener y revertir el avance “de las derechas”, pero, sobre todo, a refrendar un acuerdo, no condicional, al proyecto progresista en la CDMX para que “las políticas públicas sean de izquierda, desde la izquierda y con gente de izquierda”. Es una expresión que está surgiendo desde la izquierda social a los gobiernos emanados de la llamada “cuarta transformación” a rectificar y volver a mirarlos. La UAP, que agrupa organizaciones independientes del movimiento urbano popular, anticipa más encuentros y movilizaciones por todas las alcaldías de la Ciudad de México.
MENSAJES CORCHOLATEROS
Fin de semana con sabor a “tapado” para Adán Augusto López Hernández quien se dejó querer con su gremio de notarios, sus paisanos y la clase política estatal, y más aún, fue a cubrir al presidente al Tianguis Turístico de Acapulco… Quien anda inquieto es el mensajero de Marcelo Ebrard, quien le manda recado a Adán Augusto López Hernández sobre la familia Alipi Mena… El “claudismo” avanza en Tamaulipas, Oaxaca y en la CDMX, como lo refrendaron en sus comparecencias Clara Brugada y Armando Quintero. El monrealismo en horas definitivas después de la gira por Zacatecas.
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