Raúl Contreras Bustamante
La pandemia del covid-19 ha causado la mayor
disrupción que haya sufrido nunca la educación en el mundo. Al igual que la
economía, la educación ha sido impactada de manera nociva ante la imperiosa
necesidad de los gobiernos del mundo de cerrar las escuelas para tratar de
frenar los contagios.
La educación es un derecho humano fundamental
para el desarrollo de las personas, que tiene, además, un carácter habilitante
para poder conocer, entender, ejercitar y defender sus demás derechos y
garantías constitucionales. Quien recibe educación contribuye a la construcción
de una mejor sociedad y al desarrollo de un mundo mejor, con progreso y paz.
Hace unos días, el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas publicó el Informe de Políticas sobre la
Educación y el covid-19, que señala que para mediados de julio, en más de 160
países alrededor del orbe las escuelas permanecían cerradas, lo cual ha
afectado a más de mil millones de estudiantes.
La crisis generada por el virus SARS-CoV-2 no
ha hecho sino acrecentar la brecha de desigualdad, esa que sólo la educación
puede paliar. Las cifras e informes señalan que, incluso antes de la pandemia,
el mundo ya padecía una crisis social, pues más de 250 millones de niños no
estaban acudiendo a alguna escuela a estudiar.
Resulta muy alarmante lo que señala el
secretario general de la ONU cuando dice que nos enfrentamos a una “catástrofe
generacional” que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar
décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas.
Porque la deserción escolar y la falta de
asistencia a los centros educativos para la impartición de conocimientos
tendrán repercusiones en esferas importantes, tales como la nutrición infantil,
la salud, el embarazo entre adolescentes, la desigualdad de género, entre otras
muchas cosas.
Ante la advertencia de esta lastimosa
situación, los gobiernos alrededor del mundo deberán tomar acciones y crear
políticas públicas que impactarán en la vida de millones de jóvenes, y por
ende, las perspectivas de desarrollo de sus países.
Por todo lo anterior, Naciones Unidas
recomienda que las acciones a tomar por los gobiernos se focalicen en 4 ámbitos
de manera principal:
Primero, reabrir las escuelas. Una vez que la
pandemia esté controlada, el regreso de los alumnos a las escuelas deberá ser
una de las prioridades fundamentales.
Segundo, brindar atención prioritaria a la
educación en las decisiones futuras de financiamiento. Los presupuestos
destinados para educación deben no sólo protegerse, sino también aumentar.
Tercero, dirigir la acción hacia aquellos
núcleos sociales a los que es más difícil llegar. Las iniciativas deberán ser
sensibles para atender las dificultades que enfrentan los alumnos de grupos
vulnerables, para con urgencia tratar de cerrar la brecha digital.
Cuatro, construir el futuro de la educación. Se
trata de evolucionar la manera de aprender, revitalizar el aprendizaje
continuo. Aprovechar los métodos de enseñanza flexibles, las tecnologías
digitales y la modernización de los planes de estudios.
El reto que México enfrenta es el mismo del
mundo entero: tratar de garantizar la educación de nuestros niños y jóvenes,
luchando contra la dura realidad de pobreza y desigualdad que el país padece,
lo que representa un desafío monumental.
Por ello, hoy más que nunca, reconocer la
importancia de la educación como derecho humano no es discurso político o
teórico, sino realidad que se impone.
Como Corolario la frase del expresidente
sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela: “La educación es el alma
más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.