A partir de este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron un paro de labores en varias entidades de la República, además de las sedes del Consejo de la Judicatura, para protestar por los términos de la reforma al poder judicial que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, han presentado y que se espera sea discutida este jueves próximo en comisiones.

La polémica sobre la reforma judicial tiene varios meses, y se profundizó con los resultados electorales del 2 de junio, donde Morena obtuvo la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma constitucional, y está muy cerca de tener la mayoría en la Cámara de Senadores para lograr el mismo objetivo.

En todos estos meses se ha discutido sobre los efectos de la propuesta, que tiene en sus defensores los argumentos en favor de una elección por voto popular de jueces y magistrados, de manera tal que sea el pueblo quien decida, y con ello tratar de acercar la justicia a los más necesitados. La parte afectada señala que al eliminar el proceso de selección de la carrera judicial, se eliminan los incentivos para que juzgadores busquen especializarse con posgrados, continúen su capacitación, o los cargos se concursen en función de la experiencia y los conocimientos.

Es precisamente esta última situación la que ha generado que los trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación hayan optado por llamar al paro de labores, por considerar que sus derechos se vulneran con las condiciones de elección de la reforma.

Las afectaciones están relacionadas con los servicios que se prestan en las dependencias judiciales, donde al final del día la ciudadanía podría ver intervenidos sus procesos. Sin embargo, todavía falta más: jueces y magistrados, que no son trabajadores de base, consideran la posibilidad de realizar también un paro de labores por motivos similares.

La ministra Lenia Batres ha cuestionado esta posibilidad, pues al no ser trabajadores de base, como afirma, no se puede hablar de un derecho de huelga o de paro laboral. La ministra, última propuesta de López Obrador para integrar al poder judicial tras la renuncia del exministro Arturo Zaldívar, ha calificado esta posibilidad como un intento de presión política de las cúpulas del poder judicial contra las acciones del poder legislativo y poder ejecutivo.

Algo es cierto: la reforma al poder judicial que parece que sucederá en los próximos meses, es de mayor complejidad que la que se vivió en el sexenio de Ernesto Zedillo. El control que el partido dominante, Morena, puede ejercer mediante sus estructuras electorales para que la votación de ministros, magistrados y jueces sea favorable para perfiles afines a sus proyectos e ideología, pone en severo riesgo el principio de imparcialidad e independencia judicial.

Se puede hablar en estos momentos de las condiciones en las que operan los juzgados, con casos de corrupción o rezagos por cargas de trabajo. Pero también se puede argumentar que ha sido gracias al control constitucional que los derechos de la ciudadanía mexicana se han visto defendidos frente a las acciones de las autoridades que, sin importar la ley, han tomado decisiones que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

El paro que comienza hoy puede tener un impacto considerable en los procesos jurídicos de cientos de miles de mexicanos. Pero la reforma judicial transformará nuestra concepción de justicia radicalmente. Eso bien vale un paro