Vanessa Rubio Márquez
@VRubioMarquez
Hace unos meses fue presentado en Palacio Nacional un acuerdo tripartita para una reforma pensionaria en el país. Se espera que sea discutida en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso mexicano, y que su instrumentación comience a principios del 2021, aunque el tiempo sigue corriendo y quizá los plazos se alarguen.
La superarán en prioridad legislativa el paquete económico y la crisis económica más brutal que haya experimentado México. Alarmó al sector privado que, habiendo un acuerdo previo sobre los principios y detalles de esta transformación pensionaria, el gobierno la hubiera presentado de último momento al Legislativo con una modificación profunda: topes a las comisiones donde el máximo será un promedio muy poco ortodoxo entre los cobros de Colombia, Chile y Estados Unidos.
Este tema iría más allá de las pensiones, y en el fondo sería el primer intento por imponer controles de precios en un sector de la economía. Las comisiones deben continuar bajando sin duda, no se diga si va a haber una mayor administración de activos, pero ello debe ser fomentado por la competencia y una buena regulación por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Dicho por la Secretaría de Hacienda, esta reforma persigue tres objetivos centrales: 1) incrementar el monto pensionario que los trabajadores obtengan al final de su vida laboral, 2) reducir los requisitos para la obtención de una pensión y 3) incrementar el monto de la Pensión Mínima Garantizada (PMG).
Para incrementar el monto pensionario, el acuerdo fue que los trabajadores no pondrían recursos para este fin. En el caso de los trabajadores de salarios menores a 4 UMAS (Unidad de Medida y Actualización, que es la referencia en pesos para determinar un pago, entre otros, de prestaciones laborales), el incremento será sufragado por el gobierno y permitirá pasar del actual 6.5% de aportación del Salario Base de Cotización (SBC) a 15% de manera progresiva hasta el 2031. Este grupo de trabajadores significan aproximadamente el 75% de los cotizantes activos.
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Sin duda el aumento implicará recursos fiscales adicionales en un contexto de astringencia presupuestaria, pero aunado a esto de las medidas que abarcan la reforma, se espera que acabe siendo fiscalmente neutral. Para aquellos trabajadores que ganan de 4 UMAS en adelante (aproximadamente 25% del total de los trabajadores activos), la mayor aportación será cubierta por el sector privado, igualmente de manera progresiva hasta llegar al 15% en el 2031. Con esas medidas, la autoridad prevé incrementos en las tasas de reemplazo (monto del salario que se obtiene como pensión) de 40% en promedio.
El segundo elemento estructural de la reforma implicará reducir el requisito mínimo de cotización actual de 1,250 semanas (25 años) a 750 (15 años). Tan pronto entre en vigor, se irá aumentando 50 semanas adicionales por año hasta llegar a 1,000 (20 años) en el 2031 y estacionarse ahí. Es decir, se beneficiará más a quienes ya tengan la posibilidad de pensionarse y lo hagan a la brevedad posible, y el requisito se irá aumentando en el tiempo topado a 1,000 semanas. Habrá que revisar las razones de este beneficio para los pensionados en el corto plazo, distinto a una explicación de corte político.
Por último, el tercer elemento de la reforma al sistema de pensiones es el aumento de la pensión mínima que garantiza el Estado, es decir, cuando la trabajadora o el trabajador hayan cumplido con todos los requisitos de ley, pero los recursos en su Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) no sean suficientes para el financiamiento de una pensión. En este caso, la PMG tendrá un aumento de 30% que también tendrá costos fiscales que se espera queden neteados con el resto de las medidas.
Se trata de cambios, en general, en la dirección correcta para incrementar el monto pensionario de quienes han cotizado o cotizan al IMSS, pero es importante destacar algunos puntos. Si bien existen 67 millones de cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), solamente un tercio de éstas, poco más de 22 millones, se encuentran activas; es decir, dos tercios pertenecen a personas que se han quedado desempleadas o que entran y salen del sector formal, y por ende tienen aportaciones intermitentes.
Esta reforma pretende dotar de mayores recursos a los trabajadores (de una mayor tasa de reemplazo) por la vía de mayores ahorros o de una mayor PMG, pero no resuelve (ni tiene por qué hacerlo), un problema mayor de política pública en relación al mercado laboral de nuestro país que es la enorme cantidad de personas que se encuentran en la informalidad y que no están cubiertas por sistema de protección social alguno. Las discusiones en torno a la pensión universal o al ingreso básico universal, si bien extremadamente relevantes y pertinentes, caen fuera de esta modificación específica al SAR. Es decir, el Sistema de Ahorro para el Retiro de nuestro país no puede resolver los problemas estructurales de empleo (informalidad) en México y debe enfocarse a resolver sus propios problemas de falta de suficiencia de recursos para la pensión. Ello no obsta para que, a nivel nacional y con la concurrencia de todos los actores interesados y afectados, se lleve a cabo con carácter de urgente, una discusión de fondo sobre la necesidad de que todos los mexicanos cuenten con un mínimo de protección social garantizada. Sobra decir la triste forma en que el choque de realidad de la pandemia y la crisis económica resultante, han puesto de relevancia la protección de la población vulnerable y la vulnerada por situaciones fuera de su control.
Sin duda el aumento en las contribuciones llevará a un aumento de los activos bajo administración de las AFOREs que hoy ya representan 16 puntos del PIB. Si bien este incremento no será inmediato, en un par de décadas (mediano plazo para este negocio), las administradoras estarán invirtiendo muchos más puntos del producto, y la autoridad regulatoria deberá asegurarse que, en un entorno de transparencia y competencia, continúen disminuyendo las comisiones que cobran por el manejo de los recursos, incluso con compromisos de umbrales, pero bajo ninguna circunstancia debería fomentarse el control de precios o precios máximos en un mercado. Deberán hacerse también modificaciones pertinentes al régimen de inversión que permitan maximizar rendimientos y de paso, contribuir a la profundización del sistema financiero, al desarrollo de los mercados de capitales y a la inversión en proyectos productivos y de infraestructura, que generen un círculo virtuoso de empleo en el país.
PRESIDENCIA
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En la discusión de esta iniciativa seguramente habrá quienes insistan en las propuestas absurdas de nacionalizar el sistema de pensiones de manera total o parcial, aludiendo a un falso sentido de justicia donde quisieran que las Administradoras no cobraran comisión alguna por las inversiones que multiplican los recursos; pero que en el fondo sus oscuras intenciones serán hacerse de 16% del PIB que son recursos privados, propiedad privada de las y los trabajadores de México.
Este esquema de Afores, con la concurrencia del experto inversionista y del puntual regulador, ha sido no solo viable si no positivo, y prueba de ello es que el 50% de todos los recursos que administra el sistema se deben exclusivamente a los rendimientos que se han otorgado en el tiempo. Ello no quita que se generen incentivos para que cada vez haya menos comisiones y más rendimientos en un contexto de mayores recursos bajo administración; y que se siga exigiendo a las Afores transparencia, información clara y de calidad, así como cercanía con sus clientes. Las tentaciones de hacerse de 16 puntos del PIB estarán latentes en la discusión, pero no debemos olvidar que se trata del principal patrimonio de los trabajadores.
Existen preocupaciones también por el posible encarecimiento del empleo formal, y el consecuente incentivo a la informalidad que podría derivarse de esta reforma. Este fue un argumento que se expuso también durante las discusiones sobre la existencia del SAR a mediados de la década de 1990 que dieron origen al sistema en 1997. Al respecto, no debemos olvidar que desafortunadamente son los menos quienes ganan por encima de las 4 UMAS, que son los que al final del día serán cubiertos con el incremento de las aportaciones patronales; y que la instrumentación de las nuevas leyes en contra de la subcontratación ilegal han frenado el tránsito tramposo de esquemas completos a esquemas parciales de protección social (outsourcing ilegal).
Nunca es buen momento político para modificar leyes pensionarias, y es extremadamente complejo lograr equilibrios en un tema que conjunta la justicia, con las redes de protección social, la economía, las finanzas, los temas laborales, la inversión nacional y extranjera y una regulación en extremo técnica; pero será mucho más difícil -y delicado- hacerlo ante un año electoral y en el momento de la peor crisis económica del país.
Ojalá prive la altura de miras y el objetivo de fondo que debe ser que los pensionados accedan a una pensión suficiente y financieramente viable.
