Partamos de un consenso: nadie quiere que el Poder Judicial mexicano siga como

está, porque es evidente que, ante su lentitud, corrupción, nepotismo interno,

tráfico de influencias y poca representatividad ciudadana, se requiere reformar.

Pero ¿Es la tendencia actual del proceso de supuesta democratización lo que lo

mejorará? ¿Qué hacer con esos nombres que saben a corrupción, complicidad

política y criminal, oscuros intereses e incierta ética jurídica? Para muestra un

botón: esta misma semana Human Rights Watch (HRW) reporta que en México el

nivel de impunidad en 83 por ciento de los crímenes.

El desafío y la esperanza de la propuesta reforma al Poder Judicial radicaba, y me

encuentro entre ellos, en encontrar un equilibrio entre una verdadera

democratización del Poder Judicial y la eliminación de esos elementos que han

manchado su reputación y buen desempeño. La tendencia por democratizar la

selección de jueces y magistrados parecía ser un ejercicio interesante para

vincular a los juzgadores con los ciudadanos, pero ¿Fueron estos cambios

realizados lo suficientemente profundos y sinceros como para marcar una

diferencia real con el modelo zedillista o con los anteriores modelos de impartición

de justicia?

Una verdadera reforma debía enfocarse en la transparencia total del proceso

mismo y en el apego estricto a la Constitución y a las leyes que han sido

cambiadas por sus mismos impulsores. Sin embargo, el camino de la reforma al

Poder Judicial mexicano ha sido todo un laberinto intrincado, lleno de vericuetos

legaloides, interpretaciones a modo y resoluciones con una redacción tan confusa

como explicarle a un chino cómo preparar chiles en nogada, y claro, lo que debía

ser un ejercicio de democracia auténtica queda reducida a una tómbola amañada,

tramposa, fraudulenta.

Peor aún, conforme se van conociendo las listas de los aspirantes, algunos de

ellos ya descartados, varios de esos nombres horrorizan por sus turbios pasados,

como Marisela Morales, ex procuradora General de la República, siempre cobijada

por la élite militar más desprestigiada del Ejército, y a quien se le acusó de no

aclarar el caso de los testigos protegidos que desaparecieron nomás acusaron con

intereses políticos a algunos objetivos. Ni qué decir del padrinazgo que ha tenido

del General Rafael Macedo de la Concha, el ex procurador foxista al que se

colaron hasta el staff presidencial publirrelacionistas de cárteles, y que por cierto

también impulsa a su esposa Zulema Mosri para un cargo de elección judicial. O el

caso del ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, Roberto Gil,

que quizá sea buena persona, pero su papel durante el sexenio donde se abrió la

vinculación a varios cárteles de la droga y a escándalos de corrupción, deja mucho

qué desear.

Además, hay nombres conocidos por sus polémicas públicas como Yasmín

Esquivel, esposa de un polémico constructor muy cercano al poder y señalado de

haber influido para abortar la millonaria inversión en NAIM porque no estuvo

considerado; por supuesto, Lenia Batres, la autonombrada “ministra del pueblo”,

que quizá tiene toda buena intención por la justicia social, pero a quien más de

una vez han evidenciado sus limitaciones cognoscitivas en las materias que le

toca resolver. Y el caso Paula María García Villegas, hija de la ex ministra Olga

Sánchez Cordero, cuando el debate nacional antinepotismo apenas inicia.

Ni qué decir de ese fenómeno del padrinazgo político-burocrático, mejor conocido

como influyentismo, que también es una preocupación, porque si hasta hace poco

era la partidocracia la que podría bendecir a candidatos a ministros del PJF y los

PJ locales, hoy los señalamientos recaen sobre tres personas; los dos líderes

parlamentarios federales y el ex presidente de la Corte y actual asesor

presidencial, Arturo Zaldívar, a quien señalan de haber colocado e impulsado

alrededor del 60 por ciento de candidatos los cargos de elección del próximo

nuevo Poder Judicial, entre jueces y magistrados.

Estos son algunos de los errores visibles, la punta del iceberg ¿y los que no son

visibles? ¿Qué hay abajo del iceberg que los reformistas no han querido echarle el

ojo antes de que el nuevo PJF impacte con todo contra él? Porque, así como se

han colado figuras polémicas y de pasado cuestionable, qué nos indica que no

habrá postulantes impulsados por los poderes fácticos financieros, transnacionales

y de la delincuencia nacional y mundial.

La lista enviada por el Senado contiene al menos 222 denuncias de errores, como

postulaciones de personas para varios cargos simultáneamente y candidatos a

puestos inexistentes, entre otros que, según el INE, el Senado debe corregir en

dos días.

En esto este asunto, el elector, o sea, usted y yo ciudadanos, quedamos atónitos e

incapaces de digerir quién es quién y cómo acudir a la votación del 01 de junio del

año en curso para elegir quienes impartirán la justicia en México de un total de

4,235 candidaturas para ocupar 881 cargos judiciales federales, de acuerdo con

los datos entregados por el INE.

¿Ya sabe cómo vamos a votar? ¿Por quién si ni siquiera a nuestros propios

representantes populares como regidores, concejales o alcaldes terminamos de

conocer? ¿Y si hubiera cambio de señales antes de que toda la reforma se

convierta en una gran decepción?

No hay duda de que existe una gran resistencia por parte de ciertos grupos

interesados en mantener el statu quo, mientras que, por otro, la complejidad de

implementar cambios estructurales profundos requiere un consenso político que

actualmente parece difícil de alcanzar. Las dudas sobre la viabilidad de estas

reformas y su impacto real en la justicia y el estado de derecho son cuestiones

centrales en este debate.

Más aún, ¿Y si nos cae otro arancelazo de Trump para reventar el proceso de

elección del PJF mexicano?

Porque esta posibilidad no se ha descartado, toda vez que la agenda impositiva

del presidente estadounidense hacia México no está en condicionar la reforma por

los puntos finos del T-MEC, sino sobre dos temas principales: el tráfico del

fentanilo por parte los cárteles ya calificados de terroristas y la migración, los

cuales atraviesan por señalamientos de corrupción de todas las instancias del

poder público de nuestro país y de que los grupos delictivos tienen intención firme

de montarse sobre la nueva estructura judicial.

¿Estamos preparados para un golpe en la mesa como ahora lo anda haciendo a

diestra y siniestra con amigos y enemigos? ¿Cómo podrán sortearse estos

dilemas con un régimen que se endurece y una oposición que se desvanece?

El futuro de la reforma al poder judicial ha sido un tema de intenso debate,

preocupación e incertidumbre en diversos sectores de la sociedad, justo cuando la

coyuntura geopolítica nos obliga a darle certeza a quienes quieren confiar en

México con más inversiones y más empleos para los siguientes años.

A medida que el entorno político y social evoluciona, el futuro de la reforma al

poder judicial sigue siendo incierto, dejando a muchos cuestionando si se logrará

un cambio significativo que beneficie a la sociedad en su conjunto. Y ahí está el

meollo del asunto, porque si la reforma termina siendo la Gran Decepción

Nacional, el costo económico, político y social podríamos pagarlo muy caro, todos,

desde la presidenta hasta el ciudadano común.

+ Producción Social de Vivienda, la apuesta de Clara Brugada…. La jefa de

Gobierno de la Ciudad de México inició su discurso agradeciendo a los

organizaciones sociales del movimiento urbano popular y les dio amplio

reconocimiento por su papel pro activo en la lucha democrática de la CDMX, pero

sobre todo, el apapacho completo: una nueva política de vivienda con una

inversión histórica de 9 mil millones de pesos, enfocada en frenar la expansión

irregular, construir 5 mil viviendas en renta y regular el mercado inmobiliario,

además de ampliar los techos presupuestales para las viviendas sociales que

construirá el INVI. Un reconocimiento especial para el secretario Inti Muñoz Santini

y su equipo en la tarea decidida de revertir la gentrificación, la especulación

inmobiliaria y hacer posible que la población sin seguridad social tenga derecho a

su vivienda.

+ Narcoterrorismo mexicano, paso siguiente …. Se tardaron dos semanas,

pero la advertencia del ordenamiento iba en serio. Los cárteles mexicanos ahora

son calificados de terroristas por el gobierno de Estados Unidos y ello implica que

son considerados enemigos a su seguridad y paz interior. Estos son: 1. Cártel de

Sinaloa; 2. Cártel Jalisco Nueva Generación; 3. Cártel del Golfo; 4. Cártel del

Noreste; 5. Cárteles Unidos, y 6. Familia Michoacana. ¿Qué sigue?

Contacto: feleon_2000@yahoo.com