Todavía no recibe la constancia como presidenta electa que emitirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 15 de agosto, y Claudia Sheinbaum ya generó una polémica internacional por las invitaciones a su toma de posesión.
En días pasados, circuló la noticia de que Sheinbaum y su equipo habían invitado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la ceremonia de toma de posesión. La cuestión generó polémica por la postura internacional de occidente sobre el papel de Rusia en la invasión a Ucrania, que se ha considerado como violatoria del derecho internacional.
La polémica viene precisamente por ello: en marzo de 2023, la Corte Penal Internacional, emitió una orden de detención contra Vladimir Putin relacionada con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el "traslado ilegal" de niños de Ucrania. México es parte del Tratado de la Corte y, por tanto, se sujeta a su jurisdicción, aunque Rusia y Estados Unidos no la reconocen.
De cierta manera, si el presidente ruso decidiera presentarse a México, existiría una orden de detención en su contra emitida por la Corte Penal Internacional, lo que obligaría a México a cumplimentarla siguiendo el Estatuto de Roma. De la misma manera, la Constitución federal establece que será el Presidente, con aprobación del Senado, el que reconocerá la jurisdicción de la Corte en cada caso. Es decir, que el Gobierno mexicano puede decir o no si reconoce la orden de detención contra Vladimir Putin, y por lo tanto, cumplimentarla.
El episodio sería anecdótico si no fuera porque a dicha ceremonia no estarán invitados los presidentes de Perú ni de Ecuador, producto de las diferencias políticas con Dina Boluarte, en el caso de Perú, y tras la invasión a la embajada mexicana en Quito, para el caso de Ecuador.
Lo paradójico de esto es que, por lo menos para el caso de Ecuador, la Corte Penal Internacional no ha otorgado la razón ni las medidas cautelares solicitadas por México, lo que ha generado quejas del Presidente López Obrador contra la ONU por la falta de respuesta en esa violación al Derecho internacional.
Claudia Sheinbaum se excusó diciendo que la invitación se había enviado a todos los países con los que México sostiene relaciones, además de las representaciones de organismos multilaterales. La Embajada ucraniana señaló que confía en que el Gobierno mexicano "cumplirá en todo caso con la orden internacional de detención entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en la Haya". La respuesta del presidente López Obrador fue breve: afirmó que no nos corresponde realizar la detención, porque “no se puede hacer”, según dijo en su conferencia mañanera.
El caso es polémico, porque habla de la forma en que se interpreta el derecho internacional en la administración de López Obrador y, por consecuencia, en la administración de Claudia Sheinbaum. A conveniencia, dependiendo de si es cómodo o útil reconocer o exigir algún acto conforme a derecho internacional.
El ejemplo más reciente son las elecciones en Venezuela. A pesar de la evidencia de la oposición y del rechazo de organismos internacionales y países de la región, el gobierno mexicano mantiene una postura de reconocimiento de la autoridad de Nicolás Maduro, postura que comparte con Nicaragua y Rusia. Pero sigue negando reconocer el gobierno de Dina Boluarte, en Perú, constitucional y reconocido por los países de la región.
Así las cosas, la política de la cuarta transformación en materia de relaciones internacionales sigue siendo polémica. Por el bien del país, esperemos que en el próximo sexenio se recupere el carácter profesional y la tradición diplomática en el servicio exterior.
