México está rezagado en la ampliación de la educación financiera en la población, porque desde hace mucho tiempo no se han desarrollado políticas públicas para impulsarla, manifestó Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Sostuvo que hay planes y proyectos a los que no se les da seguimiento y terminan en letra muerta, y que de entre todas las prioridades que tiene el Gobierno, el sistema financiero no es el más relevante, pese a que existan iniciativas como la Política Nacional de Inclusión Financiera, un desinterés que hace que los esfuerzos se queden cortos.

“Se ha instrumentado una estrategia nacional, sí hay esfuerzos, pero tenemos que pasar más allá del papel. María Ariza dijo algo clave: ‘No podemos estar cambiando, llevamos tres presidentes de la CNBV y dos de la Consar, próximamente otra Gobernadora del Banco de México’. Independientemente de que cambien las personas, los programas no deben de cambiar y debemos exigir que haya continuidad en proyectos y planes”, manifestó González Rosas en la presentación del estudio “El camino a la tranquilidad financiera”.

Sin embargo, también recalcó que desde las autoridades hay una aversión al cambio y a la competencia. En el caso del Banco de México (Banxico) indicó que debe aprobar el uso de activos virtuales “aunque no le guste”, porque el país no puede quedarse atrás en las tendencias globales.

“México se adelantó en 2018 de forma relevante con la Ley Fintech y lo que estamos viendo es que de pronto las autoridades a cargo la empujan o retrasan y eso no puede ser. Tenemos que tener una política pública para incorporar a más mexicanos al sector financiero”, expresó.

De acuerdo con el estudio sobre la inclusión financiera en México, hay 24 millones de adultos en el país que no tienen productos financieros, de los cuales 39 por ciento cuenta con educación primaria, 30 por ciento secundaria y 8 por ciento tiene licenciatura.

Reflejó que la incertidumbre en los ingresos de los trabajadores y el miedo a utilizar créditos o seguros son las principales barreras en este tema.

Al respecto, María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), hizo un llamado para que se cuide la forma en que las autoridades se refieren a los servicios financieros, ya que si se toma un discurso que los dejen mal vistos la gente podría decir: “Yo no puedo tener mi dinero ahí. Me van a robar”.

Coincidió con la Amafore en que hay muchas ideas para mejorar la penetración de productos financieros, pero la implementación es lo que falla para realmente lograr el objetivo.

“La política pública debe tener una visión de largo plazo y no en planes que todo se queda en letras. Si no dejamos que maduren las cosas es difícil ver cambios de largo plazo. Hay mucho capital extranjero buscando cómo sí resolver esos problemas en el país”, abordó.