Ejidatarios y campesinos de bajos recursos libran una lucha contra terratenientes que han perforado y explotado pozos ilegalmente para la producción agrícola, entre ellos miembros de la comunidades menonita y mormona, así como productores de nuez.

Según los investigadores Víctor Quintana y Martín Solís, activistas que apoyan a organizaciones de labriegos desde hace más de 15 años, “actualmente existen 2 mil pozos que operan sin permisos” y 5 mil más en lo que se llamó “zona de libre alumbramiento”, donde está prohibido perforar desde 2013 por un decreto del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Mario Mata, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), dijo a su vez que en la entidad hay unos 16 mil pozos irregulares para extraer agua de uso agrícola, cantidad similar a los que están en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

Quintana afirmó que “en lo que se refiere a pozos de riego agrícola, el volumen del líquido es más del doble del volumen concesionado de agua del subsuelo para agricultura, que es de 2 mil 750 hectómetros cúbicos anuales”.

Sostuvo que en la entidad “existe una sobrextracción o sobreconcesión de aguas subterráneas; además, están los llamados pozos piratas, sin concesión o que usan las de otros acuíferos”, y a pesar de estas anomalías la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “los conecta al suministro de energía”.