De acuerdo al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se debe imponer al titular del Ejecutivo las sanciones dispuestas de tipo penal que corresponda, y que “de manera cautelar se ordene la prisión preventiva oficiosa”.

La denuncia señala que el presidente hace un uso indebido de los bienes materiales y humanos que tiene a su disposición por ser el titular del Poder Ejecutivo y que se pagan con recursos públicos.