Una sexta denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Emilio Lozoya y 11 personas físicas más, así como para 33 personas morales, por los posibles delitos de corrupción política y lavado de recursos públicos por más de 3 mil millones de pesos.

Durante un análisis realizado por la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

De acuerdo con la UIF, en el primer grupo de operaciones, las empresas  fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, la cual registró transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente, por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.

En el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos.