Con el fin de imponer una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud, la diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso reformar la Ley General de Salud.

La iniciativa plantea adicionar el inciso V al artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.