En la sesión de la 54 Legislatura del Congreso de Hidalgo. Hace cinco días, la bancada de Morena logró que el Pleno discutiera una iniciativa promovida por los diputados Noemí Zitle Rivas y Ricardo Baptista para reformar la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

Al día siguiente iniciaba una nueva legislatura, que mantendrá hegemonía morenista, pero tendrá nuevos protagonistas. El líder de la Junta de Coordinación Política es Francisco Xavier Berganza, quien ahora deberá asumir la herencia de sus correligionarios y ordenar la publicación del decreto por el que Hidalgo propone a la Federación abrogar una legislación que ha estado en vigor desde hace 30 años y dotar de plena autonomía al IPN.

Con autonomía de gestión y patrimonio propio —determinaron los diputados hidalguenses— esa institución educativa dejaría de ser un organismo desconcentrado de la SEP y quedaría a cargo de una Junta Académica que designaría al director general y a los titulares de las escuelas, centros de investigación y unidades académicas.

En plenitud de facultades y ante la ausencia de un decreto presidencial que fundamente la vida interna de esa institución, actuaron los legisladores hidalguenses. Ese decreto insólito coincidió con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y si bien no generó reacción alguna de la actual directiva, encabezada por Arturo Reyes Sandoval, puso en alerta a los trabajadores de la institución, quienes advirtieron estar dispuestos a realizar “las acciones que sean necesarias” en defensa de su Alma Mater.

Esta vez no fue la comunidad estudiantil, como hace seis años, la que se movilizó contra los “actores ajenos, movidos por intereses mezquinos personales y de grupos”, sino líderes del SNTE quienes consideran que con el nuevo estatuto los trabajadores dejarían de estar bajo la tutela del apartado B del artículo 123 Constitucional y quedarían sujetos a una “evaluación para la permanencia”. Los alumnos —según esa misma versión—tendrían que pagar cuotas.

Ante la acción de los legisladores de Hidalgo, la directiva de la sección 60 del SNTE —que aglutina a los trabajadores docentes y administrativos del Politécnico— denunciaron la injerencia de “intereses mezquinos” que buscan la desestabilización académica, social, administrativa y laboral del IPN con el desconocimiento de las actuales condiciones laborales.

Esa condena pública contrasta con el mensaje enviado a los agremiados seccionales, a través de las redes sociales, en él llamaron a la mesura y advirtieron que los abogados definirán las acciones que emprenderán ante la posible afectación de sus derechos.

Mientras, voceros de la sección 11 —que representa al personal de apoyo y asistencia a la educación contratados por el IPN—repudiaron la iniciativa de los congresistas hidalguenses.

“Nuestro rechazo se basa principalmente en que dicha propuesta no fue consultada con la comunidad politécnica y no representa una transformación real para el Instituto”.

La propuesta de democratizar la elección del director general del Instituto —consideraron— “sólo se limita a tratar de legalizar el derecho al manejo discrecional de su presupuesto sin tener que pedir autorización al gobierno federal, es discriminatoria y profundiza los métodos antidemocráticos”.

¿De parte de quién? Pendiente el Congreso Politécnico —promesa de Miguel Ángel Osorio Chong y Emilio Chuayffet—, dentro de la comunidad politécnica buscan a los responsables de la iniciativa hidalguense. Y ya comenzaron los deslindes, entre el del exsecretario de Gestión Estratégica, Primo Alberto Calva Chavarría, quien actualmente es directivo de los Tecnológicos de México.