El conflicto diplomático y político por el cumplimiento del Tratado de Aguas entre Estados Unidos y México ha vivido momentos especialmente críticos en los últimos cinco años antes del acuerdo que acaban de alcanzar ambos países bajo la amenaza del presidente Trump de imponer un arancel del 5 por ciento.

Durante la vigencia del Tratado, firmado en 1944, las tensiones se han ido multiplicando por el aumento de las temperaturas y las largas sequías, una creciente demanda agrícola y un mayor uso industrial, por lo que los ríos compartidos son cada vez más valiosos para la actividad económica y el abastecimiento humano.

El objetivo del Tratado es garantizar el uso equitativo del recurso hídrico entre ambos países y se aplica mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la entidad binacional responsable del cumplimiento de los acuerdos y de promover soluciones conjuntas ante los retos ambientales e hídricos en la frontera.