Luisa María Alcalde dijo que la propuesta es crear mecanismos para que los partidos políticos cuenten con herramientas de revisión antes de definir las candidaturas que postularán rumbo a las elecciones de 2027.

El objetivo es que los institutos políticos tengan información suficiente para evitar el registro de aspirantes con posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales.

Los integrantes serían elegidos y votados por el Consejo General del INE.

Los consejeros permanecerían en el cargo durante un periodo de tres años.