“Fuera de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán”, frase atribuida a doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, la famosa “Güera Rodríguez”, para describir esa cosmovisión centralista que muchos chilangocéntricos tienen sobre lo que pasa en el país: creen que lo que les preocupa a los capitalinos es lo único y los problemas del resto son menores.
Y es que para muchos es fácil emitir una opinión desde una reunión de cuates, una cafetería, un antro, un buen restaurante o una oficina adecuada en la capital del país, dándoles poco valor a las distintas problemáticas que ocurren fuera del centro.
Algo así pasa con el tema de los crímenes de periodistas. Aunque es un tema lacerante desde hace décadas, hoy despierta mucha más preocupación que en años anteriores, porque hay muchos despidos, amenazas, crece la ola de impunidad y coerción para la libertad de expresión y opinión. Si el asesinato de Manuel Buendía, el entonces columnista más leído, influyente y reconocido, ocurrido el 24 de mayo de 1984 sigue aún estar aclarado, imagínense el nivel de impunidad de las ejecuciones que ocurren con comunicadores de menor perfil e importancia.
El momento para el periodismo en México no es fácil, porque la industria de la información en su conjunto está en crisis y con muchos frentes abiertos que explican los crímenes: uno, la transición de medios tradicionales a adaptarse a los nuevos medios y géneros, provocado por la digitalización y la quiebra de muchas empresas; segundo, por las presiones que se abren por los grupos de interés alrededor del poder político, en un marco donde las relaciones prensa-gobierno están en un nuevo proceso de ajustes; el tercero, de los empresarios y anunciantes, quienes son cada vez más selectivos y condicionantes y, cuarto, el peor de todos, el del poder fáctico del crimen, porque es el más letal, el que impone línea, el que mata porque tiene complicidad con cuerpos de seguridad pública e incluso fuerzas armadas y gozan de protección los caciques regionales.
Este último es el gran problema que explican gran parte de los crímenes de periodistas en nuestro país, aprovechando la vulnerabilidad del gremio más desprotegido de México: el de las regiones más pobres, más violentadas y más dominadas por la figura de los caciques, esas familias empoderadas por negocios turbios, por las armas y la vinculación a mafias traficantes de drogas, armas, personas, especies de flora y fauna, maderas o a la trata de personas.
Trabajar en los medios en México fuera las grandes ciudades es complicado, pues las condiciones laborales son muy lamentables para los compañeros reporteros, como son el trabajo a destajo, el bajo salario si tienen una base, no tener seguridad social y ningún derecho laboral, lo que los dejan una delicada indefensión y, por supuesto, el riesgo de ser reclutados para otros fines que no sean periodísticos.
150 periodistas asesinados desde el 2000, según la cuantificación de la organización Artículo 19, de los cuales 138 hombres y 12 mujeres, y en lo que vamos del 2022 suman ocho los homicidios. Hay casos que deben depurarse, pues varios casos tienen que ver con un modo de vida extorsivo que bajo el membrete de “reportero” algunos crean portales, blogs o páginas de redes sociales sin serlo realmente. Sin embargo, nos alertan los casos donde están involucrados políticos y capos, como son las cobardes ejecuciones de Lourdes Maldonado, Javier Valdés o Miroslava Breach, cuyas vidas y de la libertad de expresión fueron aniquiladas por intereses económicos, políticos y criminales.
“Reporteros Sin Fronteras”, la Eurocámara y otras asociaciones internacionales de periodistas, han elevado la voz y acusado que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, incluso de países en situación de guerra. ¿Es exagerado? ¿Es una acusación grave contra el Estado mexicano? ¿Qué debemos hacer quienes trabajamos en los medios?; y más: ¿Qué podemos hacer por los colegas que están trabajando día a día en el peligro, en las comunidades, los pueblos y las ciudades donde quienes mandan son caciques y criminales?
El tema del crimen contra periodistas obliga a todos a tomar conciencia y a buscar soluciones, detener las ejecuciones y llamar a la responsabilidad colectiva. Sí, es una obligación del Estado no ser omiso a las denuncias, a acabar con la impunidad y garantizar la libertad de expresión. Pero también hay varias obligaciones más de parte de los empresarios y patrones de los medios de información para no despreciar la vida de sus trabajadores; de las autoridades laborales para darles garantías y seguridad social, y también de los propios comunicadores, los cuales tristemente siguen desarticulados y desunidos. Y si a ello se suma la torpeza política del dirigente de MORENA, como es la creación de esa “Red de periodistas del pueblo (lopezobradorista)” que pone en riesgo a quienes están en la banqueta de enfrente, en otra trinchera, en otro tipo de periodismo que no es el militante.
En este contexto, es recomendable seguir el trabajo que realiza Rogelio Hernández López por varias ciudades del país, organizando foros con periodistas para que éstos se convirtiesen en “una ventanilla móvil de la federación para que los afectados denuncien y visibilicen más la violencia que padecen sus actividades y las transgresiones a sus derechos”. Entre otras, también hay que conocer y analizar la propuesta ley de alcance nacional para se institucionalicen los derechos de periodistas como profesionales del interés público, como actores legales de la parte de bienestar social del Estado mexicano, y así puedan ser mejores garantes del mayor respeto a derechos universales, el acceso a la información y la libertad de expresión.
El otro, es el esfuerzo por agruparse más allá de las diferencias políticas o ideológicas, para defenderse, demandar y exigir justicia. Y uno más, son los colectivos de periodistas que han documentado la transgresión a sus actividades, como el caso del documental “Miroslava Brech, crimen y encubrimiento de Estado”, que produjeron los reporteros de la “Unidad de Periodistas de Investigación” y que se puede ver en el portal: periodistas.website.
Y bueno, ya es hora de mirar con mayor amplitud este problema que cobra vidas humanas y mata al mismo tiempo la libertad de expresión.
#Denuncia contra Caciques en Puebla
Hablando de caciques, pobladores del municipio de Huehuepiaxtla, Puebla, denuncian a las familias Chávez Ramírez y Chávez Castellanos de despojar a familias enteras de cientos de hectáreas de tierras, bajo la protección y complicidad de autoridades locales y del Tribunal Superior Agrario. Estos caciques se alternan el puesto de Delegado Municipal entre ellos “con el propósito de mantener el cargo y rotarlo solo entre ellos, es así como algún tiempo ostentan el cargo, algún sobrino, luego algún tío, o el primo y así sucesivamente, de tal manera que siempre mantienen el poder entre ellos”, refiere el portal Periodistas en Pie de Lucha. Maximiliano Flores, propietario de 22 hectáreas de tierra, víctima de estos caciques acusa que el Tribunal Superior Agrario recientemente, y con todo descaro, emitió un fallo a favor de los caciques de este municipio. Los pobladores señalan como autores de una maquinaria de despojo de tierras a la familia caciquil: Abel Chávez Ramírez, Clara Guadalupe Chávez Ramírez, Ruperto Honorio Chávez Ramírez y a Ramiro Castellanos Chávez. Tal cual ocurrió con el caso del cerro de San Miguelito en San Luis Potosí, en Huehuepiaxtla quieren levantar un proyecto turístico de alto valor lucrativo, en el lugar conocido como “El Cerro La Peña”. Hasta ahora, las autoridades locales y estatales encabezas por Miguel Barboza han sido omisas para escuchar a esta gente, mientras que el fallo del TSA huele a corrupción.
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